Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, finaliza su mandato el próximo mes de diciembre
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, finaliza su mandato el próximo mes de diciembre - ÁNGEL DE ANTONIO

La enmienda-trampa del PSOE pone en peligro la reforma del Poder Judicial

El Grupo Popular, dispuesto a volver al CGPJ anterior a la reforma de Gallardón

MadridActualizado:

La maniobra de los socialistas para sortear al Senado en la aprobación de los Presupuestos ha dejado en punto muerto las negociaciones para la reforma del Poder Judicial. Los distintos grupos parlamentarios estaban trabajando contrarreloj para, en el marco de una proposición de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, devolver al órgano de gobierno de los jueces las funciones y competencias que tenía antes de la modificación impulsada en 2013 por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

Aunque supone enmendarse a sí mismo, el Grupo Popular reconoce que el nuevo diseño del Consejo ha supuesto un foco de polémica en el propio órgano de gobierno de los jueces, por lo que hasta la semana pasada estaba dispuesto a rectificar y a arreglar estas disfunciones antes de que el próximo CGPJ eche a andar tras finalizar, en diciembre, el actual mandato, presidido por Carlos Lesmes.

El acuerdo estaba cerca, pero los populares entienden que, con el movimiento del miércoles por la tarde-noche, el PSOE «ha roto las reglas del juego parlamentario». Y es que entre la proposición de ley de la que los socialistas han colgado su enmienda –relativa a la formación de jueces en materia de violencia de género– y la presentada por el Grupo Popular hace un año –sobre permisos y licencias de los togados– hay una relación estrecha, al tocar ambas aspectos nucleares de la carrera judicial.

Adelanto por la izquierda

Por ello, sostienen fuentes parlamentarias, las dos proposiciones deberían haber ido de la mano y no adelantar la primera a la segunda por la izquierda cuando, además, la reforma promovida por el PPes la que se encuentra en un estado más avanzado. A ello se suma el malestar en el seno del propio Poder Judicial porque no se les haya consultado sobre las importantes modificaciones que se contemplan en su estatuto en aspectos como las condiciones de acceso a la carrera, la creación de especialidades, promoción y ascenso de los jueces, entre otros.

Respecto a la propuesta de reforma presentada por los populares (la que tocaría al actual CGPJ), tras haber pasado por altibajos con la moción de censura por medio, las negociaciones con el PSOE y con el resto de grupos parlamentariosestaban casi ultimadas, hasta el punto de que la ponente, la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Justicia, María Jesús Moro, trabajaba ya en una transaccional a partir de las enmiendas presentadas por estos grupos.

Al margen de las cuestiones que afectan al propio estatuto de los jueces, muchas enmiendas que presentaron las distintas fuerzas parlamentarias estaban centradas en la reforma del CGPJ con tres modificaciones en las que el acuerdo parecía claro: acabar con la diferenciación entre vocales con dedicación exclusiva y a tiempo parcial fruto de la reforma de Gallardón, la recuperación de competencias del Pleno en detrimento del excesivo protagonismo que aquella ley dio a la Comisión Permanente (de la que solo forman parte los vocales con dedicación exclusiva) y permitir que todos los vocales ejerzan verdaderas labores de representación territorial en las distintas comunidades autónomas, algo que en este mandato se ha echado en falta.

La urgencia de esta reforma legislativa es doble: por un lado, porque sólo si se aprueba antes de que acabe el año los jueces podrán disfrutar de los derechos adquiridos desde enero de 2018 (tendría efectos retroactivos); y segundo, porque se quiere que el nuevo CGPJ arranque con las modificaciones de su estructura interna y no arrastre las disfunciones que se han puesto de manifiesto en el actual Consejo, con críticas a su excesivo presidencialismo. «Se nos ha desaprovechado», se lamentaba un grupo de vocales en estas páginas hace unas semanas.

Fuentes parlamentarias – y del propio CGPJ– reconocen que los 20 vocales que forman parte del órgano es un número excesivo para las competencias que tiene el Consejo, pero su modificación está sujeta a una reforma constitucional que por ahora no se va a abordar.

Lo que tampoco está previsto revisar en este momento es la elección de los vocales que también tocó Gallardón, un procedimiento que ha ido pasando por sucesivas reformas: desde la ley de 1981 que dejaba en manos de los propios jueces la elección de los 12 vocales de procedencia judicial (los otros ocho son elegidos por las Cámaras entre juristas de prestigio); hasta la de 2013, que es la vigente, en la que las Cortes eligen a 12 jueces que hayan contado con 25 avales. Tanto sobre este sistema como sobre el inmediatamente anterior (elección sobre la base de 36 candidatos propuestos por las asociaciones) sigue planeando la sombra de la sospecha de la politización. De hecho, formaciones como Ciudadanos han decidido no participar en este proceso mientras los jueces no sean nombrados directamente por sus compañeros.