La burocracia del Gobierno deja Ceuta y Melilla sin trabajadores marroquíes

No era sencillo este martes por la mañana encontrar a trabajadores marroquíes en la frontera española de la ciudad de Ceuta. Eran como los mirlos blancos. «Vengo al médico», decía uno de los que pasaban con un bote de orina en la mano. «Estoy jubilado», señalaba otro de los que cruzaron a primera hora de la mañana, cuando despuntaba el sol y un joven tunecino buscaba una mano amiga que le diera un poco de agua tras sortear los espigones del Tarajal a nado. «Vivo en Ceuta, pero pasé a Marruecos a ver a la familia», explicaba otra mujer. Nadie llegaba a trabajar con un permiso. No había camareros, empleadas del hogar, mozos de almacén… La única que salió por la puerta española dijo que iba con el visado especial para un día a terminar de arreglar los papeles, fue a las 10.25 horas. Llevaba copia de la documentación en el teléfono móvil. La Delegación de Gobierno contaba que, a las 14.00 horas, ningún trabajador con este régimen especial había pasado a Melilla. No han podido por culpa de la burocracia.

Algunos lo han intentado. «He visto cómo a una chica la bajaron del coche y le dijeron que no podía cruzar. Decía que tenía contrato para trabajar en Ceuta, pero no tenía el visado», asegura Otoman Merini, quien iba a Granada a su casa y aseguraba que sólo había visto a dos chicas esperando para cruzar. «Nos habían dicho que estuviéramos preparados a las siete, que es cuando suelen pasar, pero no ha entrado ninguno», explicaba uno de los policías nacionales de la frontera del Tarajal.

Baja incidencia en Ceuta y nula en Melilla, a juzgar por los datos oficiales, pese a que había previsión de que se podían crear aglomeraciones con la vuelta de estos empleados. En Ceuta, en los tiempos de mayor afluencia, llegaron a ser hasta 5.000. En Melilla, antes de la pandemia había casi 2.000 personas reconocidas. Este martes sólo 150 tenían todo en regla para cruzar a Ceuta y 80 para pasar a Melilla, pero ni esos han llegado, en parte por la presión policial en el lado marroquí, que no permite ningún conato de aglomeración o protesta.

En el enclave de Castillejos, en la línea con Ceuta, sí hubo quien intentó entrar sin tener toda la documentación. Según las informaciones reportadas, varias decenas de personas se dirigieron a la frontera del Tarajal, pero las fuerzas de seguridad de Marruecos las interceptó a la altura del hotel Ibis. Allí hubo protestas por no poder pasar a trabajar, por los cambios de normativa y por la complejidad de los trámites. Una protesta del colectivo contra la burocracia que trata de regular un mercado que tenía muchas sombras, donde los contratos no eran lo más usual en gremios como las empleadas del hogar. «He venido temprano porque esperaba aglomeración, pero no hay nadie allí. No se ven mujeres ni nada», explicaba un trabajador español en Tetuán.

Mientras los solicitantes de asilo se agolpaban en la entrada de la frontera para pedir su documentación, los transfronterizos tratan de lidiar con huellas, pasaportes y funcionarios de las administraciones marroquíes y españolas. Necesitan tener en orden el pasaporte, para poder hacer una solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjeros. Es más rápido para los que no han perdido su trabajo en estos más de dos años de cierre de la frontera por parte de Marruecos. La mayoría son mujeres que se quedaron atrapadas en Ceuta en casas y no les cortaron el pago a la Seguridad Social. Para los que vieron interrumpidos sus contratos, el proceso hay que iniciarlo desde cero en muchos casos.

Ahí los empresarios se lo piensan dos veces. En muchas ocasiones es más barato tener un trabajador local que contratar a un transfronterizo, que ahora con las nuevas regulaciones puede costar hasta 1.500 euros en impuestos, además del sueldo. Algunos empresarios ceutíes refieren que hay trabajos sin cualificación en los que si contratan colectivos especiales, como empleados de larga duración, tienen incentivos fiscales. Y es que los requisitos están puestos para luchar contra la economía sumergida de la frontera , una fijación en Ceuta y Melilla desde que se anunció la apertura para el 17 de mayo. Pedir el alta a la Seguridad Social es una forma de obligar a hacer contratos a colectivos que antes no se daban de alta, como las empleadas del hogar. A estas, ahora, se obliga a contratarlas 30 horas a la semana y abonarles el sueldo mínimo interprofesional, requisitos que aumentan el gasto de las familias, ya que antes había quién tenía a una interna de Marruecos por 400 euros al mes. Es un nuevo golpe al mercado negro , como también lo es la prohibición del tránsito de mercancías.

En la frontera se revisa cada vehículo para que no pase ningún producto. «Sólo dejamos pasar unos diez kilos. Lo que vemos que es para una casa, para consumo de una persona», señaló este martes a ABC un guardia civil de la frontera que acababa de interceptar un coche cargado de comida en dirección a Francia. «Cuando vemos un caso así, siempre le ofrecemos que dé la vuelta a Marruecos para salvar la carga. Si dice que no, levantamos un acta de destrucción de alimentos para todo lo requisado y lo dejamos marchar. No hay multa ni nada», explicó el agente. Será así hasta que se imponga una aduana comercial que regule el tránsito de productos, una figura en la que también se tienen puestas las esperanzas para acabar con el porteo. Este es otro mercado negro con acusaciones de explotación laboral, como son las empleadas del hogar que ayer aún no podían pasar ni a Ceuta ni a Melilla y para las que ya existen alternativas con empresas de limpieza que ofrecen trabajadoras por horas.