Proceso de ida y vuelta

El 23 de junio de 2009, al asumir su competencia para investigar a ambos ex parlamentarios, la Sala Segunda limitó a dos los posibles delitos sobre los que había indicios suficientes para justificar la apertura de un procedimiento en el Supremo: los ya citados delito fiscal y cohecho. Respecto de otras conductas delictivas, a las que se refería Pedreira en su exposición razonada basándose en los informes policiales y de la Agencia Tributaria —«pertenencia o participación en las conductas del entramado de empresas y su participación en el desvío de fondos típico del blanqueo de dinero»—, dijo entonces la Sala Segunda que no se aportaban «datos concretos» que permitieran la imputación (Merino) o que se trataba de datos «aislados» que no podían sugerir una colaboración activa con el grupo empresarial de Francisco Correa (Bárcenas).

Ahora, cuando la investigación esté de nuevo en su totalidad en manos de Pedreira, la imputación de Bárcenas y Merino podría ampliarse, si así lo estima el instructor y si la instrucción realizada por Monterde ha reunido indicios en ese sentido.

Los elementos incriminatorios contra Bárcenas y Merino aparecieron en el «pen drive» donde se guardaba la contabilidad «B» del grupo de Correa, así como en la documentación intervenida en el registro de la sede del entramado. Esos indicios se referirían a la supuesta entrega de diversas cantidades económicas (en el caso de Bárcenas, también el abono de un viaje turístico), ingresos que no podían justificarse con sus actividades profesionales.

En ambos casos, junto a los apuntes contables de esos ingresos aparecían iniciales o nombres que los investigadores les atribuyen.