El «procés», un golpe coral «sincronizado» para imponer la secesión de Cataluña

Tres fueron los pilares básicos alineados y sincronizados para sus aspiraciones secesionistas. El Parlamento catalán, presidido por Carme Forcadell, se ocupó de tramitar y facilitar la aprobación de leyes y normas abiertamente inconstitucionales - incluida la declaración de independencia - para dar cobertura al nuevo Estado. El Govern de la Generalitat, encabezado por el fugado Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras, tuvo como misiones principales convocar el referéndum ilegal -con el que justificar internacionalmente su plan secesionista- y crear las estructuras para un Estado independiente. Y una tercera pata de la maquinaria procesista la representaban las entidades independentistas, especialmente la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Tenían un «papel crucial», según la Fiscalía, para movilizar a las masas y obligar al Estado a capitular frente a la secesión.

Como es sabido, el plan fue un fracaso estrepitoso. La perfecta planificación que, según la Fiscalía, habían ideado y puesto en práctica los secesionistas para alcanzar la independencia se desbarató una vez se proclamó el 27 de octubre de 2017. El Senado bajó el telón de las ensoñaciones separatistas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y los actores se quedaron sin guión. Unos, como el «expresident» Puigdemont y otros consejeros , huyeron al extranjero. Lo hicieron, además, ocultando su plan de fuga a buena parte del elenco de líderes procesistas. Junqueras, por ejemplo, no fue informado de ello. Mientras unos se dieron a la fuga, otros se quedaron en España. Son los que ahora se sentarán en el banquillo del Tribunal Supremo. Un total de doce procesados, de los que nueve están en prisión provisional: Junqueras; los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull; los líderes de las entidades independentistas Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) , y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. También los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, que están en libertad. Los fugados verán el juicio por televisión.

En su escrito de acusación, en el que el Ministerio Público pide un total de 177 años de cárcel para todos los procesados, se sostiene que el plan urdido por Parlament, gobierno de la Generalitat y agitadores callejeros consistía en « orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria e impedir el cumplimiento de resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquélla para conseguir declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio». Para ello, agrega, los procesados contemplaron la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia.