Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva, en una imagen en el centro penitenciario de Lledoners
Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva, en una imagen en el centro penitenciario de Lledoners - ÒMNIUM CULTURAL

Forn alega que no interfirió en los Mossos ni alentó un alzamiento violento el 1-O y pide su absolución en el juicio del «procés»

El exconsejero de Interior de la Generalitat afronta una petición fiscal de 16 años de cárcel por un delito de rebelión

BarcelonaActualizado:

El exconsejero de Interior Joaquim Forn pide su absolución en el juicio al «procés» porque no interfirió en los Mossos d'Esquadra, a los que no dio ninguna consigna política ni operativa, ni alentó un «alzamiento violento» de los ciudadanos contra las fuerzas de seguridad del Estado.

Así lo sostiene Forn en su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Efe, de cara al juicio a la cúpula del «procés», en el que afronta una petición fiscal de 16 años de cárcel por un delito de rebelión, que descarta haber cometido porque alega que defendió la independencia por vías pacíficas, sin incitar a la violencia.

El abogado de Forn, Javier Melero, apunta en su escrito que Forn, que llegó al Govern de Carles Puigdemont dos meses antes del 1-O, mantuvo «con éxito» el «delicado equilibro» entre la «lealtad a la acción política» del ejecutivo y a sus convicciones y el «cumplimiento riguroso» de los deberes que le imponía ser el máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra.

En su alegato, el exconsjero de Interior, que se fue a Bruselas junto a Puigdemont pero regresó a Madrid tras ser citado como imputado por la Audiencia Nacional -que le envió a prisión-, afirma que no incitó a nadie a «alzarse violentamente» contra las fuerzas de seguridad del Estado para «llevar a cabo a cualquier precio» la votación del 1-O, que había sido declarada ilegal.

Según la defensa, Forn no participó en el diseño de los operativos policiales del 1-O «ni interfirió en el mismo desde el punto de vista político, ni, aún menos, técnico».

Tampoco interfirió en el dispositivo policial durante el acoso a la comitiva judicial que registró la consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017, episodio en el que niega haber «incitado a las masas» a oponer «violenta resistencia» a la acción de la justicia.

De hecho, Forn expone una cerrada defensa de la actuación de los Mossos durante la última fase del proceso unilateral a la independencia, ya que resalta que la policía catalana llevó a cabo un «escrupuloso cumplimiento» de las directrices recibidas de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pese a que ahora el ministerio público haga un «relato» con una supuesta «pasividad» y «actuación fraudulenta».

En este sentido, asegura que no hubo «infradotación policial» el 1-O por parte de los Mossos d'Esquadra, que siguieron la directriz del TSJC de tratar de impedir el referéndum preservando la «pacífica convivencia».

Forn alega que en todos los foros en los que intervino acreditó que los Mossos cumplirían la ley, que acató la autoridad del cargo del Ministerio de Interior que coordinó el dispositivo de seguridad del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y que «en absoluto» los informes de la policía catalana previeron un escenario de «alzamiento insurreccional», aunque sí «incidentes».

Además, destaca que su llegada al frente de Interior no supuso un «giro insurreccional» en el departamento, ya que mantuvo al mismo equipo de su antecesor, Jordi Jané: Cèsar Puig de secretario general, Pere Soler de director de los Mossos y Josep Lluís Trapero como mayor de la policía, todos ellos pendientes de ir a juicio en la Audiencia Nacional por su papel en el «procés».

Forn reconoce que el 1-O se produjeron «algunos incidentes» de «diverso signo, gravedad relativa y autoría plural» que se saldaron con 5 detenidos y algún daño material, motivados «por la intervención» de las fuerzas de seguridad del Estado y la «resistencia» de algunos votantes.

Además, subraya que consideró «en todo momento» que era posible una negociación con el Estado y que dejó claro a su equipo, la víspera de la declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre, que solo había dos salidas: la convocatoria de elecciones o la aplicación del 155, que acató de inmediato.

Para acreditar su versión, Forn pide que comparezcan como testigos en el juicio los asistentes a la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, entre ellos Carles Puigdemont, la cúpula de los Mossos en su etapa en Interior y los entonces mandos de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña.

Por su parte, la defensa de la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs niega en su escrito que la acusada cometiera desobediencia y malversación, por los cuales la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden siete años de prisión.

La letrada Judit Gené sostiene en su escrito que Borràs no puede ser responsable de la malversación porque ninguno de los actos descritos por las acusaciones (acción exterior, Diplocat, publicidad institucional, papeletas, censo...etc) se realizó a cargo de partidas que dependieran de su consejería.

Y en cuanto a la desobediencia, recuerda que la exconsjera no era diputada y que «no tuvo por tanto intervención alguna ni en la elaboración, deliberación, aprobación y votación» de las denominadas leyes de desconexión.