Las principales medidas que se aplicarán con la activación del artículo 155

En primer lugar, Rajoy ha señalado que el Gobierno dispone de seis meses para poder convocar elecciones y que su voluntad es asumirlo en persona «tan pronto como se recupere la normalidad institucional». A partir de la celebración de comicios autonómicos en Cataluña, se abrirá una nueva etapa en la que «se respete la ley, los derechos, la convivencia, el bienestar y el empleo», según ha enumerado el jefe del Ejecutivo.

Una vez que el artículo constitucional reciba la luz verde del Senado, serán destituidos de su cargo el actual presidente, vicepresidente, los consejeros y a todos los miembros del Govern catalán . Las funciones pasarán a ser ejercidas por los órganos y autoridades designadas por el Gobierno, aunque la idea inicial es que sean asumidas por los ministerios del Gobierno central. Además, el Parlament no podrá designar candidatos, ni votar la investidura de otro presidente tras la destitución de Carles Puigdemont.

Las facultades de control del Parlament recaerán en el órgano que designe el Senado , de modo que desde la Cámara autonómica no se podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatut. A partir de ahora, el Parlament ejercerá la función representativa que tiene encomendada «para garantizar el pleno respeto al Estatuto y la Constitución», según Rajoy. El Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto.

La administración de la Generalitat se controlará por los órganos designados por el Gobierno de la Nación. La Generalitat continuará funcionando como organización administrativa ordinaria ; Rajoy ha especificado que «no se suspende la autonomía, se cesa a las personas que lo han puesto en riesgo». . Las actuaciones de la Administración catalana tendrán que responder a un régimen de comunicación y de autorizaciones previas.

A las medidas explicadas por Rajoy se unen el resto, que han sido detalladas en el documento enviado por el Consejo de Ministros al Senado . A estas iniciativas explicadas en las ruedas de prensa se suma el que los miembros de los Mossos d'Esquadra tendrán que responder penal y patrimonialmente si se incumplen las órdenes o instrucciones por las autoridades designadas.

En el documento remitido al Senado consta un apartado sobre seguridad y orden públicos en el que se advierte de que, «acordado el cese del presidente de la Generalitat y del consejero titular del Departamento de Interior», el ejercicio de las competencias en materia de seguridad corresponden a «los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación».

El Ministerio del Interior ha aclarado en Twitter que las autoridades designadas podrán dictar instrucciones a la policía autonómica catalana. El Gobierno advierte de que, «en el caso de que sea necesario», los Mossos podrán ser sustituidos por efectivos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.

Si el Senado aprueba la aplicación del 155, el Gobierno asumirá el control del gasto de la Generalitat y sobre la totalidad de ingresos para garantizar que los fondos no se destinen a actividades vinculadas con el proceso secesionista.

Así, all amparo de la aplicación del artículo 155, «se garantiza que la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a la comunidad autónoma, a sus organismos, entes, entidades y sector público empresarial no se destinen a fines vinculados con el proceso secesionista».

En definitiva, el Gobierno se ha comprometido a asumir las competencias «necesarias» en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria que garanticen la prestación de los servicios públicos generales en Cataluña, «en beneficio del interés general, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera».

En base al documento enviado al Senado, el Ejecutivo central también podrá cesar o nombrar a los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio para garantizar una información veraz y respetuosa con el pluralismo político.

Pero, además, en otro apartado del documento que será enviado al Senado se atribuye a los órganos que designe el Gobierno las funciones relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales y a las tecnologías de la información, en particular del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de la Seguridad de la Información en Cataluña.

Asimismo, en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual, se garantizará la transmisión de una información «veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural», y con el equilibrio territorial.

A estas iniciativas se añade que el Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o personal laboral de la Generalitat que no acaten la aplicación del artículo 155 de la Constitución . «El incumplimiento de las medidas contenidas en el presente Acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica», señala el documento.

Esa potestad disciplinaria ejercida por el Gobierno de la Nación, o por los órganos o autoridades que designe a tal efecto, no excluye la posibilidad de que el Ministerio Público pueda exigir responsabilidades penales.

Por contra, los actuales responsables de la Generalitat de Cataluña o de organismos, entes y su sector público empresarial, no podrán actuar contra su personal por acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que han anulado las actividades relacionadas con el proceso secesionista.