Aumenta la presión sobre Gallardón para rebajar las tasas judiciales

Si bien el primero se limitó a señalar que el órgano de gobierno de los jueces revisará la «proporcionalidad» de las tasas , el segundo afirmó que algunas de ellas son «excesivas» y «deben reconsiderarse» porque podrían «dificultar el acceso a la Justicia». Torres-Dulce hizo esta afirmación en una entrevista radiofónica en la que sí aseguró ser partidario de las tasas «como un elemento para recaudar dinero». Sin embargo, recordó que, según el TC, esa finalidad recaudatoria no debe resultar «ni excesiva ni desproporcionada» ni «impedir el acceso a la jurisdicción, incluido el sistema de recursos».

Torres-Dulce no dejó pasar la oportunidad de asegurar que a la Fiscalía le «hubiera gustado dar una opinión, como la dieron el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial».«Presidimos incluso las comisiones de justicia gratuita», dijo. Además, señaló que el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar antes o después sobre la ley de tasas. En este sentido, el Grupo Socialista ya anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, una iniciativa que la asociación de secretarios judiciales Sisej anima a secundar a los jueces.

Ayer se sucedieron los primeros recursos contra la orden ministerial que regula esas tasas y que fue publicada en el BOE el sábado. Uno de ellos lo interpuso una entidad dedicada a la defensa de los conductores. Según informó la propia compañía, el recurso se basa en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Los abogados piden que se anule la orden que regula el pago de las tasas, que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC y una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La segunda de las actuaciones, ésta por partida doble, la ha promovido una letrada que ha recurrido en amparo directo ante el TC y paralelamente ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque el Ministerio de Justicia no dio trámite de audiencia a las asociaciones de consumidores, al Consejo General de la Abogacía y, en general, a las partes que tienen un interés directo.

También ayer, la comisión interasociativa que integran las cuatro asociaciones de jueces (incluida la mayoritaria y conservadora APM) y las tres más representativas de fiscales dirigieron una « carta abierta » al presidente del Gobierno en la que acusan al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de no tener «la más mínima intención de acercamiento al mundo real de la gente y al papel vital que la Administración de Justicia juega en la democracia y en la defensa de la libertad».

Jueces y fiscales hablan de una «indeseable avalancha de reformas legislativas impuestas sin consenso» con el resto de fuerzas políticas y «despreciando los criterios técnicos de todas las organizaciones representativas directamente implicadas en el desarrollo práctico de las reformas». Sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial aseguran que se trata de «una interpretación de la política carente de sentido de Estado».