El PP propone a Castillo, Altava y a la fiscal Rosa Rubio en el cupo de juristas del CGPJ

Congreso y Senado tienen que nombrar a ocho, pero al haber alcanzado un acuerdo sobre la presidencia con la elección de Manuel Marchena , propuesto por el PP, los populares han tenido que renunciar a uno de sus vocales en beneficio del PSOE. Lo van a hacer en la cuota que corresponde a juristas, según ha podido saber ABC de fuentes próximas a la negociación.

De esta forma, de los ocho vocales que no son de procedencia judicial, PSOE propondrá cinco y PP tres . Los doce vocales pertenecientes a la carrera, y que han sido preseleccionados por las asociaciones judiciales y sus propios compañeros, sí se repartirán a parte iguales: seis serán propuestos por el PP y seis por el PSOE.

José Miguel Castillo es abogado y economista y fue diputado por Granada en las elecciones de 2011. Durante esa legislatura fue portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y ponente de numerosos proyectos de ley , como el de mediación en asuntos civiles y mercantiles, reforma administrativa de la Administración de Justicia y del Registro Civil, Consejo General del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Penal, entre otras, así como en importantes iniciativas legislativas, como el Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. Entre sus propuestas de reforma legislativa, destaca la que modificó el sistema de protección a la infancia y adolescencia para que los menores hijos de víctimas de violencia de género pudieran cobrar la pensión completa de orfandad.

En febrero de 2016 Castillo abandonó la actividad política y se reincorporó a su despacho profesional. En marzo de 2018 ingresó como Académico Correspondiente en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Por su parte, Manuel Guillermo Altava es senador del PP y doctor en Derecho. Ha ejercido como magistrado titular del Juzgado número 3 de Castellón . Es profesor de Derecho público y Derecho procesal en la Universidad Jaume I. En las elecciones generales españolas de 2008 fue elegido senador por Castellón de la Plana dentro de las filas del Partido Popular y reelegido en las generales de 2011, 2015 y 2016. Ha sido portavoz de la Comisión de Justicia del Senado. Por último, Rosa Rubio, fiscal decana de Las Palmas, fue elegida el pasado marzo miembro del Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General , por la Asociación de Fiscales en las mismas elecciones en las que resultaron elegidas por la UPF María José Segarra (hoy fiscal general) y Dolores Delgado (hoy ministra de Justicia). Rubio ha sido la fiscal delegada de la especialidad civil y de protección jurídica de las personas con discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias.

El nombramiento como presidente del CGPJ de Manuel Marchena ha caído como un jarro de agua fría en las filas de Podemos, el principal socio del Gobierno y aliado con el que pretende sacar adelante los Presupuestos. La portavoz del partido, Noelia Vera, ha lamentado el acuerdo entre el PSOE y PP , durante la rueda de prensa tras el Consejo de Coordinación, porque ellos defendían la «necesidad» de que fuese una mujer.

«Si en 2018 no se han entendido que el 8-M nos marcó y que tiene que ser una mujer la que dirija un órgano tan importante es que no se han enterado de lo que pasa en este país», ha lamentado Vera. Según ha explicado la portavoz, la única «exigencia» que le han hecho a Pedro Sánchez es que la presidenta del CGPJ fuera una mujer, para «feminizar» el Consejo .

Vera ha explicado que no les gusta el sistema de elección porque lo consideran «acuerdos de despacho» , pero que por «una cuestión de responsabilidad» ellos propondrán vocales. En este contexto, han admitido que existen «conversaciones» pero que no tienen ningún «acuerdo cerrado» con el Gobierno. Además, Vera sostenido que aún «no se han negociado nombres» , al aclarar si la exdiputada de Podemos, Victoria Rosell puede ser la propuesta de su grupo parlamentario.

Por parte del PSOE, han trascendido los nombres de tres de los cinco vocales que propondrán en el cupo de juristas. Se trata del ponente de la sentencia de Gürtel, José Ricardo de Prada; la fiscal de Santiago de Compostela especialista en violencia de género Pilar Fernández, y de Luis Martín Contreras.

De Prada ha conseguido hacerse un hueco en el Consejo después de que el CGPJ le cerrara la puerta por la cuota de jueces por la que concurrió con avales. La Comisión Permanente basó su negativa a que pasara el «filtro» en que el juez no estaba entonces en el servicio activo, sino en situación de servicios especiales para trabajar en tribunales internacionales. Amigo personal de la ministra, y también del entorno del juez Garzón, el ponente de Gürtel que propició la moción de censura a Rajoy, ya estaba trabajando como asesor de la ministra en un comité de expertos en justicia universal.

Martín Contreras, secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional, es doctor en Derecho Procesal y ha prestado servicios desde noviembre de 1978 en cuerpos distintos cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia y en el cuerpo de Secretarios Judiciales desde marzo de 1984 hasta la actualidad, tanto en órganos unipersonales como colegiados.

Por su parte, la fiscal Pilar Fernández, que ejerce en Santiago de Compostela, ha sido muy combativa con la Xunta de Galicia por la precariedad de medios con los que se cuenta en violencia de género, su especialidad. «A mí me parece que la inversión es mínima y lo que le podemos ofrecer a los ciudadanos, es la calidad en el servicio, y la imagen que damos es bastante patética, y por eso no me extraña que desciendan las denuncias, porque la gente se siente muy mal y yo lo entiendo», sostenía hace un par de años en una entrevista.