El PP pide conservar las cintas del 'Delcygate' apuntando a una posible conexión con el rescate a Plus Ultra

Rodríguez estuvo en el aeropuerto madrileño la noche del 19 al 20 de enero de 2020 de camino a Qatar, a pesar de que las sanciones impuestas por la Unión Europea a la mandataria venezolana le impiden pisar el espacio Schengen. Esa madrugada se vio con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, --según explicó él posteriormente-- para asegurarse de que no infringiera las directrices comunitarias.

El 'Delcygate' ha quedado definitivamente archivado tanto en los juzgados madrileños, donde se investigaba una presunta prevaricación por parte de los funcionarios que permitieron la presencia de Rodríguez en Barajas, como en el Tribunal Supremo, donde se tramitaba una querella de Vox y el Partido Laócratas contra Ábalos también por supuesta prevaricación.

Sin embargo, el PP cree que el caso merece una investigación desde otro prisma tras las pesquisas iniciadas por el Juzgado de Instrucción Número 15 por el rescate de 53 millones autorizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) «de modo absolutamente incomprensible en términos económicos y jurídicos» a Plus Ultra, «una empresa dedicada a la navegación aérea que tiene evidentes connivencias con el régimen venezolano».

El Partido Popular ve «esencial» conocer los motivos de la SEPI para mantener a flote a Plus Ultra. «Es decir, qué servicios o beneficios están pagando los poderes públicos (y por ende todos los españoles) mediante la concesión del rescate al régimen de Venezuela, o más bien qué clase de tráfico trata de garantizarse, o encubrirse con Venezuela», dice el PP en su escrito, avanzado por 'La Razón' y al que ha tenido acceso Europa Press.

El PP subraya que, según declaró ante notario un testigo, la 'número dos' del Gobierno de Nicolás Maduro introdujo en España sin control aduanero «abundantes maletas» cuyo origen y contenido se desconocen. Para los de Pablo Casado, es «evidente» que esta actuación «puede ser constitutiva de un delito de contrabando, que hasta ahora no ha sido investigado».

« No es descartable, por tanto, que anulada la posibilidad de repetir en el futuro el mismo procedimiento , empleando para ello aviones oficiales del régimen venezolano, se haya decidido emplear, para continuar introduciendo en España mercancía ilegal, la apariencia de legalidad de un tráfico aéreo ordinario, con una empresa aérea que se rescata para la ocasión», indica.

Por ello, la formación política pide a la juez Esperanza Collazos que reclame a AENA las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de Barajas esa madrugada a fin de frenar la destrucción de las mismas, argumentando que podrían llegar a ser pruebas de un ilícito penal.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 31, Antonio Serrano-Arnal, preguntó al Supremo qué hacer con estas grabaciones una vez archivado el caso en ambas sedes, a lo que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, le respondió la semana pasada que el destino de estas cintas es de la «exclusiva incumbencia» del juzgado madrileño.

En su defecto, el PP propone a la instructora conformar una Comisión Judicial integrada por policías especializados en cuestiones informáticas que acuda al aeródromo madrileño para que haga una relación de todas las cámaras de seguridad con acceso a la pista donde aterrizó y permaneció el avión de Rodríguez, y a las zonas por donde transitaron la mandataria bolivariana, el resto de pasajeros y tripulantes de su vuelo y las mercancías que llevaba.

El PP pretende que esta Comisión Judicial haga una inspección ocular de todos estos lugares y de la ubicación exacta de las cámaras de seguridad, y deje constancia fotográfica de ello; que clone los equipos informáticos donde se hayan registrados esas grabaciones para determinar si se han eliminado o manipulado imágenes; y que elabore un listado con las empresas encargadas de este circuito de videovigilancia.

Busca asimismo que la Comisión Judicial haga una relación completa de todas las personas que trabajaron los días 19 y 20 de enero de 2020 en las instalaciones aeroportuarias donde estuvieron Rodríguez y su séquito, incluidos funcionarios de la Guardia Civil y Policía Nacional, que puedan ofrecer información sobre lo ocurrido aquella noche.

Por último, los 'populares' solicitan «que se entreguen de manera inmediata al juzgado la totalidad de los informes que se hayan evacuado por la autoridades aeroportuarias, la fuerza actuante o las empresas intervinientes sobre los hechos investigados, incluyendo el detalle de la comunicación del plan de vuelo, pasajeros y mercancías transportadas».