El PP lleva al Congreso la ley para imponer hasta cinco años de cárcel por convocar un referéndum ilegal

Los máximos responsables de las consultas ilegales no serían los únicos que acabarían en la cárcel si esta proposición de ley llegara a aprobarse en el Pleno. Los populares proponen además, entre uno y tres años de cárcel para todos los funcionarios que colaboren o promuevan la convocatoria así como un mínimo de seis meses a un año de prisión para aquellas personas que actúen de interventores en las mesas de votación.

El grupo mayoritario pone así en marcha la tramitación de un texto que será calificado probablemente dentro de dos semanas por la Mesa del Congreso y luego será remitido al Gobierno para que en el plazo de 30 días otorgue su conformidad con la tramitación. El Ejecutivo socialista solo podrá oponerse por razones presupuestarias que, en este caso, no conlleva la reforma por lo que La Moncloa dará previsiblemente su «ok» y la proposición de ley quedará lista para ser elevada al Pleno del Congreso, cuando los populares lo consideren oportuno.

La toma en consideración de la ley dependerá del PSOE que volverá a verse en aprietos por su alianza con los partidos independentistas catalanes y el discurso de unidad territorial que reclama tanto su partido como una parte importante de sus votantes.