El PP forzará un nuevo debate sobre el Poder Judicial en la Mesa del Congreso

De un lado, el rechazo a que el Poder Judicial, la Comisión de Venecia y el resto de agentes implicados en la reforma informen sobre ella. De otro, la tramitación de la ley por la vía de urgencia , lo que supone recortar los plazos a la mitad.

Para la dirigente popular, PSOE y Podemos cometieron ayer un «atropello muy grave» ya que la Mesa faltó a su obligación de garantizar y velar por la independencia del Poder Judicial.

Los populares ya advirtieron en un escrito, que también rechazó ayer la Mesa del Congreso, que la reforma que pretenden PSOE y Podemos es «manifiestamente inconstitucional» por cuanto implica que «el Poder Judicial sería controlado por otro de los poderes, el Ejecutivo, en una suerte de pirueta que arrastraría también gran parte de nuestra libertad y de nuestra democracia».

Su escrito cargó, además, contra una tramitación que elude los informes preceptivos « Una maniobra legítima pero insólita dada la trascendencia del asunto», advierte. «No se trata de una reforma para reforzar las garantías de independencia del CGPJ sino al contrario», denuncia.

Es de prever que la Mesa del Congreso rechace la reconsideración pero el nuevo debate volverá a retratar políticamente a los socios de coalición y, además, es necesario que los populares agoten la vía parlamentaria antes de dar siguientes pasos como presentar, por ejemplo, un recurso de anticonstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Los populares, así, no se dan por vencidos pese a que el PSOE y Podemos siguen adelante de forma inoxerable con la reforma que recortará las funciones del Poder Judicial cuando se encuentre en funciones. Y lo hacen, además, a toda velocidad e ignorando a todos los implicados.

La coalición impuso ayer su mayoría en la Mesa del Congreso para rechazar la petición de los jueces de que tanto a ellos, como a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia) y al resto de implicados se les conceda audiencia y se les permita informar sobre una reforma que afecta de lleno a sus atribuciones e independencia.

El Pleno del CGPJ remitió esta solicitud a la Cámara Baja en diciembre, buscando recuperar la voz que PSOE y Podemos le quitaron al plantear la nueva ley como una proposición parlamentaria y no un proyecto del Gobierno. Una maniobra para acelerar la tramitación del texto y esquivar el examen de los órganos consultivos, Consejo de Estado y CGPJ.

La petición del Poder Judicial no llegó ayer sola a la Mesa del Congreso sino al mismo tiempo que un escrito del PP en el mismo sentido -que también fue rechazado-, y con las recientes advertencias de la Comisión Europea como trasfondo . El pasado 10 de diciembre el comisario de Justicia, Didier Reynders, pidió a sus señorías que escuchen a todos los afectados antes de emprender cualquier reforma del Poder Judicial e insistió en que ningún Estado debe prescindir de consultar a la Comisión de Venecia, ya que la legislación comunitaria establece la participación de este órgano.

Sin embargo, nada de esto resulta suficiente para que PSOE y Unidas Podemos renuncien a reformar el CGPJ con unilateralidad. Según ha podido saber ABC, durante la reunión que la Mesa mantuvo ayer, el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), ignoró todos los argumentos citados e invocó el principio de separación de poderes para defender que el Congreso tiene plena capacidad para legislar sobre todo lo que considere oportuno.

La vicepresidenta segunda, Ana Pastor (PP), le hizo frente defendiendo que no se puede esgrimir la independencia de los poderes del Estado cuando lo que se pretende es evitar que otro poder, sobre el que se pretende legislar, informe al respecto. Al CGPJ, además, le corresponde pronunciarse sobre cualquier reforma del Gobierno que afecte a los derechos constitucionales o a los poderes del Estado.

El informe de los letrados, al que tuvo acceso este diario, no recogía propuesta alguna para la petición del CGPJ. Se limitaba a enmarcar jurídicamente la solicitud de los jueces y a señalar el último precedente existente. A éste se aferró Rodríguez Gómez de Celis ya que en la VIII legislatura (año 2004) la Mesa rechazó que el CGPJ informara sobre la reforma del Código Penal para la convocatoria de referendos ilegales. Sin embargo, aquella proposición de ley no afectaba a las funciones del Poder Judicial ni éste solicitaba audiencia como agente implicado, como sucede ahora.

Además, los letrados también señalaron la existencia de precedentes en sentido positivo y negativo cuando los grupos parlamentarios han solicitado que el CGPJ informe sobre iniciativas parlamentarias. Y, en este caso, también el PP había solicitado este trámite como grupo parlamentario. «La remisión por parte de la Cámara de una iniciativa legislativa al CGPJ a efectos de informe es, en definitiva, una decisión potestativa de la Mesa», se limitaron a señalar los letrados sin defender propuesta. Con la vía libre de los servicios jurídicos a cualquier decisión, la votación se saldó con el rechazo a la solicitud del CGPJ por seis votos a favor (PSOE y Podemos) frente a tres en contra (PP y Vox).

Además, los socios de coalición también acordaron ayer la tramitación por la vía de urgencia, como se indicaba previamente. La decisión recorta los plazos a la mitad y sirve al objetivo de la coalición de controlar el CGPJ «cuanto antes».

El plazo para que la oposición presente enmiendas al texto queda limitado a ocho días hábiles, empezando a contar cuando se publique el acuerdo de la Mesa y computándose enero. A pesar de que el primer mes del año es inhábil parlamentariamente, PSOE y Podemos han sorteado esta paralización presentando las firmas de la mayoría absoluta del pleno. Además del trabajar en el CGPJ, la Cámara Baja también será hábil para trabajar en el caso «Kitchen».