PP y Ciudadanos critican al Gobierno por el uso electoral del Consejo de Ministros

El Ejecutivo aprobó ayer el Real Decreto-ley con un importante abanico de medidas para prepararse en caso de que se produzca una salida de Reino Unido sin acuerdo, el conocido como Brexit duro. Pero no es esta la medida que centra las críticas de la oposición, sino aquellas de carácter social y, especialmente, las que llevan aparejadas un coste . Unos gastos que no está previsto que se compensen por la vía de la fiscalidad. La motivación electoral de la operación evitará esas cuestiones en favor de los gastos. El PP cargó ayer duramente contra el «uso electoralista» del Consejo de Ministros por parte del Gobierno, que como respuesta subraya la legalidad de su actuación. La Ley de Gobierno aprobada por José María Aznar en 1997 establece que un Ejecutivo «cesa tras la celebración de elecciones generales», momento en el que entra en funciones. Por eso la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió ayer que seguirán trabajando «hasta el último minuto».

« No somos un Gobierno en funciones porque eso se produce después de celebrar las elecciones», reivindicó Calvo. El Consejo de Ministros aprobó ayer dos decretos muy importantes: el que regula el mercado del alquiler y el de igualdad laboral que contempla el incremento paulatino del permiso de paternidad. La número dos del Gobierno defendió que en esta nueva etapa las únicas «limitaciones» serán las que establezca la Ley Electoral, que limita «actos organizados o financiados, directa o indirectamente, por los poderes públicos y que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos». La norma, por lo tanto, impide inaugurar nuevos servicios públicos o infraestructuras en ese periodo.

Al estar disueltas las Cortes a partir de la próxima semana, estos decretos tendrán que convalidarse en el plazo de un mes en la Diputación Permanente del Congreso, donde el Gobierno todavía no tiene todos los apoyos garantizados. Es algo que Calvo aseguró que se ha realizado en más ocasiones y efectivamente ha sido así, pero de forma puntual y no para medidas con tanto contenido político e ideológico como las que planea ahora el Gobierno. El Ejecutivo tiene en mente aprobar decretos en materia laboral para derogar parcialmente la última reforma laboral del PP, aprobada en 2012. Ya advirtió Calvo ayer que este nuevo escenario el Gobierno lo afronta «en plenas funciones de trabajo»,

El presidente del PP, Pablo Casado, cargó ayer duramente contra las prácticas del Gobierno, asegurando que es «algo tan escandaloso que solo se hace en las repúblicas bananeras». El líder del PP llegó a asegurar que «lo que pretende ahora Pedro Sánchez supera incluso lo que hacían Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero», pues se estaría utilizando la Diputación Permanente del Parlamento para «hacer un uso electoralista de esa institución».

Casado cuestionó el modo de gobernar de los socialistas desde que llegaron a La Moncloa: «Pedro Sánchez llevará 30 decretos con el que apruebe hoy , es decir, ha gobernado con el rodillo de La Moncloa sin ni siquiera tener mayorías en el Parlamento ni de sus propios socios de moción de censura». Se hacía eco así de la incomodidad que esta práctica ha generado en Podemos: «Ni siquiera sus socios están de acuerdo con que los socialistas hagan este tipo de ‘‘viernes de gasto’’ y de promesas electorales a costa de la Diputación Permanente». El presidente del PP considera que se trata de algo «muy grave» y cree que «todos los partidos políticos, los medios de comunicación y la opinión pública deberían alzar la voz para decir que no se pueden utilizar las instituciones en beneficio de un partido».

El problema no radica tanto en la legalidad de la convalidación en la Diputación Permanente, sino en que este procedimiento evita el debate y no da posibilidades a la oposición de modificar las normas. Además, la oposición cuestiona que estos decretos cumplan el principio de ser «urgentes». La diputada del PP, María Jesús Bonilla, aseguró ayer que su partido contempla «todas las opciones legales» para evitar que los decretos lleguen a convalidarse en la Diputación Permanente. Corresponde a la presidenta Ana Pastor poner fecha a una sesión de la Diputación para abordar todas estas cuestiones. En el plazo de un mes deben convalidarse estos decretos. «Estamos estudiando todas las opciones legales y adoptaremos aquella que entendamos defienda mejor el espíritu de la Constitución», aseguró. Fue Bonilla quien ayer dijo que había que estar «muy atentos» precisamente a la LOREG «porque el artículo 50 impide que se haga campaña con fondos públicos».

Desde Ciudadanos se calificó esta práctica de «insulto a la democracia». Su portavoz adjunto, Toni Roldán, denunció que de esta forma se «hurta a los ciudadanos y a los diputados trayendo decretos de urgencia para saltarse el procedimiento democrático».