El PP avisa: Hará todo lo posible para que las «cesiones» al independentismo queden en «papel mojado»

La formación que preside Pablo Casado denuncia que el Gobierno ha cruzado «todas las líneas rojas imaginables en 40 años de democracia al permitir que los separatistas planteen como imposición la autodeterminación de Cataluña, el indulto a los golpistas, la fractura definitiva de la sociedad catalana y la ruptura de la integridad territorial de España».

«El comunicado remitido por Moncloa certifica ante todos los españoles el primer pago de la hipoteca política que los separatistas catalanes se cobran a cambio de la investidura de Sánchez», dice en primer lugar la respuesta del PP al texto difundido por el Gobierno sobre la reunión de la mesa con Joaquím Torra.

Se refiere a que el texto «utiliza el término 'conflicto político' y omite toda referencia a la Constitución, que se sustituye por el término de seguridad jurídica, tal y como siempre han exigido los independentistas». Concluye así que Sánchez se ha sometido "punto por punto" al "guión independentista diseñado" por el líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación de caudales públicos. Apunta que, además, ha recompensado a los autores del golpe institucional contra la democracia.

Para el PP, ni siquiera es una mesa de diálogo, sino "una mesa sesgada de partidos al margen del Parlamento" dado que en ella sólo se sientan PSOE, Podemos, ERC, Junts Per Catalunya: "Se deslegitima a sí misma al dejar fuera a todas las formaciones constitucionalistas que representan a la mayoría de la sociedad catalana en el Parlamento autonómico".

Todo, escenificando a su juicio "una cumbre internacional" en lo que "representa una claudicación inédita en cuatro décadas de democracia". "Otorga al inhabilitado Torra un tratamiento de Jefe de Estado al tiempo que permite la entrada a la sede de la Presidencia del Gobierno a un imputado por el intento de golpe de Estado el 1-O, Josep María Jové", señala el comunicado.

Los 'populares' entienden que así se ha consumado "la ruptura del principio constitucional de igualdad entre todos los españoles" pues "la propia agenda del Gobierno reconoce explícitamente concesión de privilegios al independentismo cuyas cargas sufragarán el resto de españoles". Por eso, aseguran que adoptarán todas las medidas a su alcance para que cualquier cesión de este tipo no llegue a nada.