El TSJIB acepta que la ponente de Nóos pueda seguir trabajando en exclusiva en la causa hasta marzo

Según ha informado el TSJIB a través de un comunicado, el acuerdo de la Sala de Gobierno ha sido adoptado por unanimidad, «atendiendo a la complejidad del asunto y teniendo en cuenta el carácter improrrogable y excepcional con el que se plantea la medida». La prórroga ha sido concedida hasta el 31 de marzo del próximo año.

El plazo que el TSJIB había otorgado el pasado mes de junio a Romero para que pudiera dedicarse en exclusiva al caso Nóos finalizaba el próximo 5 de diciembre. La Sala de Gobierno había concedido entonces a la magistrada 63 días hábiles —los mismos que duró el juicio— para dedicarse únicamente a la citada causa judicial. En principio se esperaba que la sentencia fuese dictada a finales de este año.

En cualquier caso, el primer plazo de exoneración temporal de reparto concedido a la ponente de Nóos no implicaba que la sentencia debería presentarse obligatoriamente, como máximo, en la primera semana de diciembre, sino que hasta esa fecha Romero no tendría que ocuparse de ninguna tarea adicional y que otras posibles causas que podrían corresponderle por reparto pasarían a compañeros suyos de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma .

El juicio del caso Nóos, que es una pieza separada del caso Palma Arena, se inició el pasado 11 de enero y finalizó el 22 de junio de este año, con 17 personas sentadas finalmente en el banquillo. En esta causa se investigaban, esencialmente, presuntas irregularidades en los convenios firmados por el Instituto Nóos con la Generalitat Valenciana y con el Gobierno balear para la organización de los Valencia Summit —entre 2004 y 2006— y los Illes Balears Fórum, en 2005 y 2006.

Los dos principales acusados en esta causa son Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Al final del juicio, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach solicitó 19,5 años de prisión para Urdangarín y 16,5 años para Torres, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales.

Por lo que respecta a Doña Cristina, el sindicato Manos Limpias pidió ocho años de cárcel para la Infanta, por el presunto delito de cooperadora necesaria en los dos supuestos delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008 a través de Aizoon, la mercantil cuya titularidad compartía el matrimonio.