El Poder Judicial se rebela contra los ataques del Gobierno a la Justicia

Iglesias defendió el martes en Antena 3 acabar con la «judiciacilización» del «procés» porque, según él, ha provocado que los jueces españoles sean «humillados» por la justicia europea. Su declaración suponía una deslegitimación directa del Poder Judicial, pero envuelta en una supuesta defensa de éste. El vicepresidente mintió al asegurar que «muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces» . Además, para respaldar su planteamiento, mezcló el caso de un condenado firme (Oriol Junqueras) con dos prófugos independentistas (Carles Puigdemont y Antoni Comín) que todavía no han sido juzgados. Lo hizo para tildar de «absurdo» que estos últimos puedan ejercer de eurodiputados y el primero esté en la cárcel cuando «es evidente que hicieron lo mismo».

La Comisión Permanente del Consejo, el núcleo duro del órgano de gobierno de los jueces de la que forman parte siete vocales de distinto perfil ideológico, no tardó en reaccionar y ayer aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que apela a la «prudencia, mesura y responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los jueces y magistrados. «Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles (...). Esa tarea incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias». Los pronunciamientos de ambos tribunales, aclaran a Iglesias, forman parte del «normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos».

El mismo día en que el Tribunal Constitucional confirmaba las prisiones preventivas que en su día dictó el juez Llarena contra Jordi Sànchez y Carme Forcadell , el CGPJ recordaba que en relación con el órdago secesionista del otoño de 2017 solo ha habido dos pronunciamientos de estos tribunales europeos: el primero, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado diciembre, que, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el propio Tribunal Supremo sobre Junqueras, aclaró la cuestión de la inmunidad de los europarlamentarios; el segundo, el pronunciamiento del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que «confirmó en todos sus extremos» la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017 y declaró que esa suspensión era «necesaria en una sociedad democrática para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás». En respuesta a las afirmaciones erróneas de Iglesias, la Comisión Permanente aclara que ningún tribunal (respecto a los que, además, no existe subordinación de España a ellos) ha hecho pronunciamiento definitivo sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Carles Puigdemont y Antoni Comín -que se encuentran suspendidas pendientes de que el Parlamento Europeo suspenda la inmunidad para que no corran los plazos- ni sobre la cursada a Escocia contra Clara Ponsatí -que sigue tramitándose-. Solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Puigdemont para ser enjuiciado por rebelión, aunque sí aceptó su entrega por el de malversación de caudales públicos, recuerda el CGPJ.

No es la primera vez que el actual Consejo -cuyo Pleno tendrá que analizar este jueves la idoneidad de Dolores Delgado como fiscal general- tiene que salir en defensa de la carrera y recordar, con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo que la independencia judicial es una máxima del Estado de Derecho. «La Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, concluía el comunicado de ayer.

La Moncloa replicó con un comunicado en el que se evitó corregir al vicepresidente y se desvió el foco sobre el «bloqueo» del Partido Popular para la renovación del Poder Judicial, que lleva en funciones desde diciembre de 2018. Fuentes del CGPJ explicaron a ABC que el Consejo no es ningún «obstáculo para su propia renovación». Recuerdan además que el presidente Carlos Lesmes se dirigió hasta en tres ocasiones -la última el pasado 23 de diciembre- a los presidentes de Congreso y Senado instándoles a trabajar en ello.