Podemos pide a la Audiencia Provincial que anule los papeles de Calvente porque los obtuvo «de forma ilícita»

El recurso, de 26 folios, argumenta que el auto «adolece de nulidad radical y de pleno derecho» porque la documentación de Calvente «habría sido obtenida vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones del cargo del denunciante, en detrimento del derecho fundamental a la intimidad» en una «intromisión injustificada».

Recuerda que desde que fue contratado el 1 de agosto de 2014 y hasta su despido el 2 de diciembre de 2019 desempeñó funciones de asesoramiento jurídico y coordinación de su equipo legal, así como la defensa letrada de la entidad en diversos procedimientos judiciales, pero además, tuvo el cargo de Delegado de Protección de Datos de la entidad ante la Agencia Española de Protección de Datos y la condición de Responsable de la Seguridad de la Información, «cuya función consiste en mantener la seguridad de toda la información confidencial del partido , y en particular, la que contenga datos personales de cargos internos».

Incide en este sentido en que tal y como recoge el atestado de la Guardia Civil que recibió la primera denuncia del abogado contra el partido, « resulta obvio que la documental aportada fue obtenida en el ejercicio de sus múltiples cargos y funciones en Podemos, a las que habría que añadir, según agregó en la citada declaración, su condición de colaborador del área de Cumplimiento Normativo».

«Tratándose de una documental que ha sido obtenida ilícitamente con vulneración de un derecho fundamental, la misma tiene un efecto contaminante sobre el resto de las pruebas que se puedan obtener en el seno del presente procedimiento, siendo un vicio de nulidad que, de conformidad con el artículo 11.1 LOPJ, conlleva su radical expulsión del conjunto probatorio », argumenta la formación.

Refuerza la tesis incidiendo en que su contratación por cuenta ajena no merma su obligación de guardar secreto profesional, que la invitación genérica de los líderes del partido a denunciar cualquier conducta irregular no le autoriza a divulgar documentación interna y que en todo caso, la documentación que ha aportado contiene «datos de carácter personal que afecta no sólo a la intimidad de la persona jurídica, sino de los miembros que la componen y de otras personas ajenas a la organización , de los cuales ha tenido conocimiento el denunciante en el ejercicio de su cargo».

Citan en particular las liquidaciones de gastos, las nóminas y los borradores de contratos con las consultoras Neurona y ABD que Calvente ha aportado junto con su denuncia por delitos de corrupción. Entiende que los papeles «fueron recabados en el marco de una, a todas luces , fraudulenta investigación secreta» del letrado, del que dicen, «no es un particular cualquiera; era la persona en quien convergían las funciones de asesoramiento, supervisión legal, defensa letrada, responsabilidad en la protección de datos y de la información del partido».

No es su único argumento para pedir la nulidad. Tras registrar un escrito de alegaciones ante el Juzgado de Instrucción número 42, Podemos recurre a la Audiencia Provincial por la «indefensión» que se le ha creado al no tener copia de la declaración íntegra que prestó Calvente el pasado 29 de julio para ratificar su denuncia y de la que parten las nuevas imputaciones y diligencias.

Según explica, el partido, que es parte como investigado en el procedimiento, sólo ha podido acceder a los primeros 41 minutos pese a haber acudido al Juzgado a solicitar acceso al resto de la declaración, que duró más de tres horas. «La sorprendente respuesta del Juzgado fue que lo entregado era lo único que consta en el procedimiento, junto con la documentación que esta parte aportó en dicha comparecencia. Y tampoco consta que se hiciera transcripción de la declaración», exponen.

Consideran así que la declaración debe ser «nula de pleno derecho». «Es evidente que si sólo disponemos de un extracto parcial, en el que no constan las preguntas formuladas ni por el Ministerio Fiscal ni por los de esta defensa, se estaría generando una evidente indefensión al no poder verificarse lo practicado en su integridad, lo que tiene obvias consecuencias a los efectos del presente y ulteriores recursos, de declaraciones testificales, de las personas investigadas, y otras tantas diligencias que puedan practicarse, al tener que ejercitar «a ciegas» el derecho de defensa», añade.

Solicitan a la Audiencia Provincial que anule el procedimiento, o, en caso de que no comparta este parecer, acuerde el archivo o al menos, la revocación del auto que acuerda diligencias y la imputación de la cúpula económica del partido.

«Entendemos que la investigación, que parte de meras sospechas sin sustento probatorio alguno , debía haber sido archivada sin trámite; pero subsidiariamente, en el caso de decidir instruir el proceso para verificar lo que fuera procedente, al menos debería haber evitado abrir una causa general y no practicar diligencias absolutamente irrelevantes para la causa», concluyen.