Poco detalle y mucho relato en los testimonios de los políticos

El expresidente y la exvicepresidenta del Gobierno Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, respectivamente, describieron la respuesta del Estado al desafío secesionista, del que destacaron su carácter «excepcional». La declaración de ambos, especialmente la de Sáenz de Santamaría, avaló las tesis de la Fiscalía del Supremo. Explicó que el «procés» provocó «un grave riesgo de derogación» del orden constitucional, el bien jurídico que trata de proteger el delito de rebelión. También aseguró que hubo «un clima de acoso masivo», rechazó que la declaración unilateral fuera simbólica –por eso se aplicó el 155– y describió una estrategia «absolutamente concertada» entre los actores del «procés».

Rajoy relató las oportunidades que dio a Puigdemont para que rectificara y, sin descender a los detalles, alegó que se suspendió la autonomía de Cataluña porque sus dirigentes «querían liquidar la Constitución». Defendió que marcó como línea roja el respeto a la ley en todas las conversaciones , negó cualquier mediación, y explicó que descartó aplicar el estado de excepción porque era lesivo para los ciudadanos.

Su presencia generaba expectación a partes iguales. Las defensas se aferraban a unas declaraciones a un medio de comunicación de Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda, para reforzar su tesis de que no hubo malversación de fondos públicos. Entonces, para transmitir que lo tenía todo bajo control, aseguró que no se destinó dinero público al referéndum ilegal. Las acusaciones buscaban lo contrario: que reconociera que el exhaustivo control de Hacienda a la Generalitat no excluye que los líderes del «procés» pudieran hacer trampas y gastar fondos públicos en el 1-O.

Cuestión despejada. Montoro aclaró que el marcaje a las fiananzas catalanas no podía garantizar que no hubiera malversación , algo que resolverá el juicio. «No, no lo podemos nunca excluir. Un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar defraudado o engañoso. Para eso están las investigaciones policiales y judiciales». Continúa este partido.

El lendakari fue llamado al juicio a petición de la defensa de Josep Rull. Su letrado pretendía probar que los líderes del plan secesionista ilegal trataron de dialogar sin cerrarse en banda sobre la vía unilateral. Aunque Urkullu ensalzó un supuesto carácter dialogante en Puigdemont, su relato demostró que el «expresident» tiró por la borda la última carta para evitar la declaración unilateral de independencia, el paso que precipitó la causa penal por rebelión. Puigdemont rechazó convocar elecciones autonómicas el 26 de octubre –tras haber llegado a un acuerdo que evitaría el 155 según la «intuición» de Urkullu– por el miedo a quedar como un traidor.

Urkullu aseguró que Mariano Rajoy no le pidió intermediar, pero que le escuchó y atendió, a pesar de que dejó claro que la conversación nunca se saldría del límite de la Constitución.

A pesar de que les restó importancia, Artur Mas admitió las reuniones embrionarias del «procés», en 2015, consideradas decisivas por las acusaciones para apreciar un plan conjunto.

Por su parte, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido despejó la responsabilidad del operativo del 1-O en los mandos policiales, y denunció que los Mossos incumplieron sus deberes. Rufián, Colau y Dante-Fachín se limitaron a hacer de políticos de parte.