El plan del PSOE: bajar impuestos en Cataluña y subirlos en Madrid

Frente a los quince tributos propios implantados en Cataluña –cinco cánones, un gravamen y nueve impuestos que van desde las viviendas vacías a las bebidas azucaradas pasando por los centros comerciales o las estancias turísticas–, en Madrid solo existen dos –a la instalación de máquinas y el depósito de residuos–. Si la región central importara el modelo fiscal catalán, sus ciudadanos pagarían hasta 5.180 millones de euros más al año, según los cálculos de los populares.

La campaña de Illa, dirigida por el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo , fue un fiel reflejo de la estrategia sanchista de premiar a Cataluña y castigar a Madrid . Una hoja de ruta con la que Moncloa pretende un doble objetivo: impedir que la región central sea el gran escaparate de las políticas del PP y contentar a los independentistas catalanes de los que depende en el Congreso. Y así, a aquella promesa de bajar impuestos en suelo catalán le seguía otra que colocaba a Madrid en el centro de la diana: «Acordar, conjuntamente con el resto de Comunidades Autónomas y el Gobierno central, unos límites a la competencia fiscal a la baja en determinados impuestos, como el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio».

En la región de Díaz Ayuso el primero se encuentra bonificado al 99 por ciento, al igual que las donaciones, mientras el segundo tiene una exención del 100 por ciento. El exministro se comprometió a trabajar por un suelo común para estos tributos «que se sitúe por encima de la media actual».

«Sánchez quiere que una herencia de 160.000 euros en Madrid pase de pagar 22 euros a 2.200, cien veces más», denuncian los populares. Y lo cierto es que en el programa de gobierno presentado por el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo , no solo no hay ni rastro de bajadas de impuestos sino que su mejor promesa es «no tocar la fiscalidad» de Díaz Ayuso.

Su equipo de campaña ha tenido que escribir esta declaración de intenciones en negrita, para que resulte más creíble, porque el pasado mes de febrero, Gabilondo propuso a la Asamblea madrileña aplicar subidas fiscales por valor de 1.275,3 millones repartidas entre alzas al IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones y Transmisiones . No esperaba que tan solo un mes después se convocarían unas elecciones anticipadas que le han sorprendido con el pie cambiado precisamente por esa estrategia sanchista de castigo a Madrid.

El convencimiento socialista de que hay que subir los impuestos en la comunidad central es tal que, pese a los esfuerzos de Gabilondo por disimularlo, esta semana, en plena precampaña, la ministra de Hacienda, M aría Jesús Montero , recuperó su ofensiva fiscal y anunció la creación de un grupo de expertos para elevar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones el próximo mes de enero. Un movimiento buscado por el Gobierno desde hace meses pero convertido en promesa para ERC en noviembre , como peaje por su apoyo a los Presupuestos.

No fue la única afrenta que las nuevas cuentas lanzaron a Madrid. La inversión pública territorializable quedó prácticamente congelada con un ascenso del 0,24 por ciento hasta 1.250 millones para toda la región. La misma partida, sin embargo, creció un 50 por ciento para Cataluña hasta los 1.999 millones. Tras este reparto, la región central se coloca la tercera en cuanto a inversión pública, recibiendo un 10 por ciento del total, frente al 16,5 por ciento que irá a Cataluña y el 17,1 por ciento que recibirá Andalucía. Y la Generalitat aún recibirá 200 millones más este año en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.

Analizando la inversión por habitante, las cifras aún revelan mayor castigo para la región de Díaz Ayuso. Sánchez reparte 188,3 euros por cada madrileño , frente a 262,5 euros por cada catalán, 232,7 por cada valenciano y 255 por cada andaluz, aunque las regiones que más dinero recibirán por habitante este año serán Melilla (622,80), Murcia (418,70), Cantabria (401,10), Extremadura (388,70) y Aragón (382,20).

Al margen de las cuentas, hay otros repartos en los que se repite el patrón del castigo a Madrid. El Gobierno ha adjudicado a esta región el 13 por ciento de los fondos REACT-UE frente al 17 por ciento destinado a Cataluña para la que ha aprobado, además, una inyección extra de 422 millones. La diferencia es todavía mayor cuando se trata de distribuir el fondo de ayuda a las empresas del que Moncloa entrega a la Generalitat un 30 por ciento más que a la Puerta del Sol.

No obstante, y aunque el económico ha sido un pilar fundamental del castigo de Sánchez a Madrid, la estrategia de asfixia a Díaz Ayuso también ha encontrado puntos de apoyo en el plano político, sanitario e incluso social, convirtiendo a los madrileños en víctimas colaterales de la ofensiva.

La presidenta madrileña nunca se lo ha puesto fácil al jefe del Gobierno pero el plan de acoso y derribo de éste comenzó el día en que ella llegó a la Puerta del Sol. Han pasado 20 meses desde aquel 19 de agosto de 2019 y Díaz Ayuso nunca ha sido convocada a una reunión oficial en Moncloa . A su predecesor, Ángel Garrido, solo le costó seis meses recibir una atención que está prácticamente estandarizada para los presidentes autonómicos. En su estrategia, el jefe del Gobierno no respeta protocolos de cortesía ni se ablanda con las circunstancias más difíciles. Ya puede caer Filomena, que el fuego arrase bosques enteros o que la DANA cause estragos en la región.

El líder socialista no se deja ver visitando la Comunidad, como sí lo ha hecho cuando Baleares, Cataluña, Murcia, Valencia, Andalucía o Canarias se han visto golpeadas por episodios similares. El que tuvieran que pasar ocho meses de pandemia antes de que Sánchez se acercara a un hospital madrileño, y que lo hiciera el día en que Díaz Ayuso estaba fuera de la región deja poco que añadir.

Fue precisamente la pandemia lo que disparó abiertamente las hostilidades entre la presidenta madrileña y el jefe del Gobierno. En las actas del Congreso quedan para la posteridad los feroces ataques que Sánchez pero sobre todo la portavoz socialista, Adriana Lastra , lanzaron contra Díaz Ayuso en las peores horas de la emergencia sanitaria aprovechando los debates del estado de alarma.

No obstante, la campaña orquestada desde Moncloa contra la baronesa popular quedó aún más en evidencia cuando Sanidad impidió a Madrid pasar a la fase 1 de la desescalada alegando el criterio de un comité de expertos que nunca existió. La presión política y mediática acabó obligando a Illa a reconocer que las decisiones sobre la desescalada siempre fueron suyas y, por tanto, políticas. Aún así, en octubre volvió a la carga imponiendo un estado de alarma en la capital y ocho municipios de la comunidad cuando sus datos estaban mejorando.

Se sirvió de cifras de días anteriores pero el trampeo volvió a quedar pronto al descubierto porque a los pocos días de que el cierre entrara en vigor, seis de los nueve municipios marcaban una incidencia inferior a 500 casos por cada 100.000 habitantes. Uno de los motivos señalados por Sanidad para su confinamiento.

Aquella decisión estuvo precedida del cuestionamiento de los datos epidemiológicos de Madrid. Un ataque que el Ejecutivo no ha lanzado a ninguna otra comunidad y que Sánchez ha vuelto a repetir ahora, en su gira africana de la semana pasada. Igual que entonces, las dudas lanzadas por el presidente se han demostrado falsas y su epidemiólogo de cabecera, Fernando Simón , ha acabado admitiendo que a veces existen retrasos en la cifras pero no problemas de «calidad».

Sánchez, que está entregado de lleno a la campaña madrileña, también ha acusado ahora a Díaz Ayuso de ostentar el «récord en descontrol y desmadre» durante la pandemia. Una afirmación que solo se sostiene durante la primera ola, cuando el Ejecutivo central establecía las medidas sanitarias. A partir de entonces, el exceso de mortalidad de Madrid se ha quedado por detrás del registrado por otras autonomías como Aragón o la Comunidad Valenciana, gobernadas por socialistas. Un dato que el presidente del Gobierno siempre olvida.

El retraso que sufrió la aprobación de los test de antígenos o la negativa a que el vicepresidente europeo, Margaritis Schina , visitara el Hospital Zendal son otras zancadillas que Moncloa ha puesto a Díaz Ayuso en materia sanitaria. La citada infraestructura sanitaria, equipada en tiempo récord contra la pandemia, no ha sido visitada por Sánchez ni ninguno de sus ministros como tampoco lo fue el hospital temporal de Ifema en la primera ola.

El flanco social completa los ataques de Sánchez a la gestión popular de Madrid. A pesar de enarbolar la bandera progresista, cuando se trata de la región central el apoyo estatal a determinados problemas sociales llega con cuentagotas. La ley de Dependencia , por ejemplo, establece que la financiación de las ayudas y servicios previstos debe provenir a partes iguales de las comunidades y el Estado.

Sin embargo, esta regla no se cumple en Madrid cuyas arcas autonómicas tienen que cubrir alrededor del 80 por ciento de la inversión. Otro de los colectivos más desprotegidos es el de los inmigrantes menores no acompañados. Cuando el jefe del Gobierno aterrizó en Moncloa expresó su compromiso con este vulnerable nicho y a principios de 2019 repartió un total de 38 millones de euros entre las autonomías para que reforzaran sus atenciones y cuidados. Sin embargo, de esta cantidad, solo destinó 1.583,53 euros a Madrid, a razón de 1,3 euros por cada menor no acompañado en la región.

Al margen de ejemplos concretos, una parte de la financiación de los territorios y de sus políticas sociales la componen la devolución anual del IVA y las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica . Y en ambos casos el Gobierno socialista retiene dinero a Madrid. Un total de 359 millones por el IVA de 2017 y 54 millones por las entregas de 2019. Díaz Ayuso ha llevado ambas cuestiones a la Audiencia Nacional.

Todo ello cuando Madrid encabeza el ránking de solidaridad entre regiones: aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales –salud y educación– el 68 por ciento de los recursos autonómicos o, lo que es lo mismo, casi tres veces más que Cataluña. En capacidad tributaria es la comunidad que más nutre a este instrumento común, pero cae al puesto 12 en recepción de fondos por habitante. Unas cifras de las que Sánchez también se olvida siempre.