Pedro Calvo culpa a González de su imputación y defiende la legalidad de la compra de Inassa

El político madrileño ha explicado en conversación con los periodistas que durante las dos horas que ha comparecido ante el juez que instruye el caso Lezo ha respondido a las preguntas de todas las partes excepto a la defensa del exmandatario regional, considerado como cabecilla de la red que se investiga por el presunto desvío de fondos públicos de la empresa pública de aguas.

Calvo, que fue consejero durante la presidencia en la Comunidad de Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón , ha defendido la legalidad de la compra de la empresa colombiana, que costo 73 millones de dólares al Canal, y ha negado sobrecostes en la operativa que se cerró en 2001 y que según la Fiscalía Anticorrupción se hizo a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal de Panamá provocando un desfalco de cerca 70 millones de euros.

El que fuera presidente del Canal en el momento se gestó la operación, se ha remitido a lo que dijo en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre. En su comparecencia entonces volvió a culpar de su situación procesal a Ignacio González, de quien dijo que era un «supuesto corrupto» que difamaba a todos los exmiembros del consejo en unas conversaciones.

Se refirió entonces al encuentro que mantuvieron González y el exministro Eduardo Zaplana en el que éste presumió de haber tapado el «muerto» heredado por el gobierno de Gallardón y dijo que había comprado por 100 millones «una empresa que no valía ni 30». Al respecto desmintió las palabras del principal acusado en esta trama asegurando que la operativa pasó todos los órganos de control.

Del mismo modo, Calvo ha ratificado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 todo lo dicho en la reunión del consejo de administración del Canal de Isabel II en la que se aprobó la adquisición de Inassa , celebrada el 14 de noviembre de 2001.

Según consta en el acta de aquella sesión, a la que ha tenido acceso Europa Press, Calvo dijo que la operación era «positiva» a la vista de los informes existentes y que ante un hipotético riesgo, que todo negocio lleva implícito, la operación estaba valorada y asegurada económicamente.

En la misma sesión compareció el entonces director gerente de la empresa pública de aguas, Arturo Canalda —también imputado en esta pieza del 'caso Lezo'—, quien hizo una «pormenorizada exposición» del asunto, que era «reflejo de la documentación entregada a los consejeros». Dijo que Inassa era «el operador calificado de servicios del Grupo Triple A», el cual era, «sin duda, dentro del sector del agua el de mayor presencia en el Área del Caribe» y contaba «con una gran proyección de crecimiento en la región».

Uno de los consejeros, Agapito Ramos, destacó posteriormente, según consta en el acta, la importancia de estos proyectos para el Canal de Isabel II, mientras que José Antonio Ramos subrayó que son a este tipo de licitaciones a las que debía «acudir» la empresa pública y donde ésta podía «desplegar su eficacia contrastada».

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, denuncia que pese, a que la compra se aprobó en esa reunión, existía una operación paralela diseñada por Canalda, José Antonio de Cachavera y Pablo López de las Heras, —todos ellos están citados para el próximo 23, 24 y 25 de enero— que fue la que se llevó a cabo bajo «un cúmulo de irregularidades».

La de hoy es la segunda jornada de interrogatorios a los miembros consejo de administración; para este martes estaban citados, además de Pedro Calvo, los exconsejeros del Canal de Isabel II José Manuel Herrero, José Antonio Llano, Roberto Molero y Andrés Muñoz .

En total García Castellón ha llamado a declarar a más de 25 personas implicadas en la adquisición de la colombiana, ateniendo así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. Entre ellas destacan antiguos colaboradores muy cercanos a Gallardón como el propio Calvo y el presidente de Adif, Juan Bravo.