La Fiscalía pide la imputación de Pedro Calvo y 24 personas por la trama de corrupción del Canal

Esta petición se ha realizado en la pieza de la investigación que indaga en la compra en el año 2001 de Inassa , una firma colombiana que se convirtió en la filial del Canal en Iberoamérica. Esta operación se produjo cuando Alberto Ruiz-Gallardón , exministro del PP, gobernaba la Comunidad de Madrid. Anticorrupción no plantea ahora su citación como investigado a la espera de documentación sobre la operación de Inassa.

Anticorrupción aguarda para pedir esta imputación a que la Comunidad de Madrid identifique a los miembros del Consejo de Gobierno de la CAM, en 2001, una labor que el Ministerio Público pide al juez García-Castellón que se lo solicite a Cristina Cifuentes. «Hasta la fecha no obra incorporado a las actuaciones ni el acta redactada sobre este Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar su acuerdo, información que resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad que adoptaron este acuerdo», explica la Fiscalía, que ha difundido una nota.

En su escrito, la Fiscalía explica que la compra de Inassa vulneró la autorización emitida por el consejo de administración y el consejo de Gobierno de la empresa de aguas por dos motivos. En primer lugar, se excedió el objeto de la operación al adquirirse, además de Inassa, el 51 por ciento de una sociedad dominicana. En segundo lugar, la fórmula de la adquisición incumplió la forma aprobada: la compra se realizó indirectamente, a través de una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal. «Lo que compraron en realidad fue la totalidad de una sociedad panameña llamada Sociedad de Aguas de América», propietaria del porcentaje de acciones de Inassa que adquirió el Canal de Isabel II. La operación, según los investigadores, generó un perjuicio en las arcas públicas.

La compra de Inassa, además, no estaba prevista entre las funciones de la empresa pública, según denuncia Anticorrupción. La ley no incluía entre las funciones del Canal, «ni expresa ni tácitamente», la posibilidad de participar en sociedades mercantiles, y los gestores de la sociedad de aguas tampoco dictaron un decreto específico para ello. Los acusadores aprecian «un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición».

Por esta causa estuvo encarcelado de forma preventiva Ignacio González , el expresidente de la Comunidad de Madrid. Los investigadores consideran que encabezó una red que corrompió la gestión del Canal para enriquecerse ilícitamente y para financiar al PP , aspectos en los que todavía indagan la justicia. Según los investigadores, la primera operación sospechosa fue la adquisición de Inassa, desde la que la empresa pública se expandió por Iberoamérica, a través de compras sospechosas de corrupción.

Además de Calvo, hombre fuerte de Gallardón y quien fuera presidente del Canal en el momento de la compra de Inassa, el Ministerio Público también pide la imputación de dos colaboradores de Gallardón: el actual presidente de Adif, Juan Bravo ; y el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda . Calvo y Bravo formaron parte del consejo de administración de la empresa de aguas y Canalda era el director gerente de la empresa.

El principal señalado en estas diligencias solicitadas por la Fiscalía es Calvo, considerado uno de los «delfínes» políticos de Gallardón, de cuya mano entró en el Ayuntamiento de Madrid, donde ejerció como concejal entre los años 2003 y 2015 . Había sido diputado de la Asamblea regional anteriormente, entre 1991 y 2003. El Ministerio Público pide la imputación, entre estas 25 personas, de todos los miembros del consejo de administración del Canal que aprobaron la adquisición de Inassa, el foco de esta pieza del caso.

Gallardón y Calvo comparecieron el pasado viernes 15 de diciembre en la comisión de investigación de la cámara autonómica para ofrecer explicaciones sobre la gestión del Canal en aquella era. Calificaron de legal la compra de Inassa y cargaron contra González. «Estoy aquí porque un supuesto corrupto nos difamó en unas conversación», se quejó Calvo, en alusión a una conversación entre González y Eduardo Zaplana , grabada por los investigadores.