El Parlamento catalán se arroga «poderes ilimitados» fuera de la ley

«La Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional». Lo dijo el TC en marzo de 2014 con motivo de la declaración soberanista de Artur Mas, germen de la hoja de ruta en la que ahora l os independentistas han dado un paso más, proclamando abiertamente una estrategia de desobediencia a las instituciones del Estado.

La alusión a la soberanía nacional volverá a ser el eje del recurso de los servicios jurídicos del Estado ante el TC con un objetivo claro: desmontar el párrafo sexto de la propuesta de resolución. En él, el Parlamento de Cataluña se autoproclama como «depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente». En virtud de esa autoproclamación, los independentistas anuncian que la Cámara y el proceso de «desconexión democrática» no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, a quien considera «deslegitimado y sin competencia» a raíz de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.

Al margen de lo que a todas luces es un llamamiento a la desobediencia, para la Abogacía del Estado la propuesta rompe claramente con el artículo 1.2 de la Constitución, que residencia la soberanía nacional en el pueblo español, y no en institución alguna. Pretender residenciar la soberanía en una institución supone otorgarle unos poderes ilimitados, lo que reafirma la inconstitucionalidad del texto, argumentará previsiblemente el Gobierno.

Y es que lejos de ajustar el contenido de sus reivindicaciones a la Carta Magna y al Estatuto de Cataluña, los independentistas abogan claramente por la ruptura con la legalidad, pues el Parlamento catalán se autoproclama como depositario de una soberanía catalana que no existe. A la vez, y al erigirse como poder constituyente, el Parlamento de Cataluña se cree legitimado para autodeclarar ese proceso constituyente al que alude el párrafo quinto de la propuesta : «Considera pertinente iniciar en el plazo máximo de treinta días la tramitación de las leyes del proceso constituyente (...)». Para el Ejecutivo, la propuesta de resolución está instando a la Cámara catalana a la ruptura con el Estado de derecho y a la instauración de un régimen en el que un conjunto de representantes, los integrantes de esa «cámara soberana», gozarían de poderes soberanos e ilimitados y que no podrían ser controlados por el resto de poderes. Es decir, se situarían al margen del ordenamiento jurídico.

Hace apenas unos meses el TC ya recordó que los proyectos de revisión del orden constitucional, y especialmente aquellos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía (el pueblo español) se sustancian abierta y directamente por la vía que la Constitución ha dispuesto para estos fines, es decir, mediante su reforma. Pero esta es una vía que los independentistas ya ni contemplan.

La defensa jurídica del Estado hará hincapié también en que la resolución que se apruebe será nula desde su origen al vulnerar también el artículo 23 de la Constitución. La admisión a trámite de la propuesta de resolución ya es en sí misma inconstitucional , pues atenta contra los derechos y facultades de los parlamentarios.

No solo se trata del derecho de los ciudadanos a acceder a cargos públicos, sostendrá, sino también a mantenerse en los mismos sin perturbaciones ilegítimas. En este sentido, la posibilidad de debatir sobre el carácter constituyente o no del Parlamento de Cataluña supondría una extralimitación de sus propias funciones y de la propia naturaleza del derecho fundamental derivado del artículo 23 de la Constitución. No solo la resolución sería, en su caso contraria al ordenamiento jurídico, sino que el propio debate estaría violentando la naturaleza del artículo 23 de la Constitución.

La Abogacía del Estado recordará así que la decisión de la Mesa de admitir una propuesta que pretenda cambiar la naturaleza misma de la representación de los diputados de ese Parlamento (lo que se habrá producido si se interpone este recurso) constituye en sí mismo una vulneración de un derecho fundamental, en la medida en que dicha naturaleza no incluye la posibilidad de modificarla mediante una declaración con carácter jurídico, al margen de los cauces constitucionales y legales establecidos.