El Parlament de Cataluña obedece al Tribunal Supremo

La aplicación del auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena desató, hace justo una semana, una tormenta política entre Junts per Catalunya (JpC) y ERC ya que los primeros no querían suspender a Carles Puigdemont , expresidente autonómico, fugado de la Justicia española y afectado por el auto de Llarena, y l os segundos defendían que la suspensión , que quedaba en manos de la Mesa del Parlamento catalán cómo se aplicaba, tenía que ser igual para los seis afectados: además de Puigdemont, Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez (JpC), Jordi Turull (JpC), Josep Rull (JpC) y Raül Romeva (ERC).

Así, Artadi -voluntaria o involuntariamente- volvió a abrir una fisura que, desde las filas de JpC, daban por aplazada hasta después del parón veraniego, ya que no se celebrarán plenos en el Parlamento de Cataluña hasta el próximo mes de octubre.

Sin embargo, el cobro de las nóminas, que está en manos de un equipo de funcionarios que se agrupa en la Auditoría de Cuentas y Tesorería, bajo control de Maria Guiu, era la prueba fehaciente de la suspensión , o no, de los seis diputados autonómicos acusados de rebelión por intentar subvertir el orden constitucional cuyo punto álgido se dio en octubre del año pasado . Al haber dejado de cobrar justo el día en que el Parlamento catalán recibió la notificación del Supremo -tres días después de firmar el auto el magistrado- los diputados están suspendidos de sus cargos desde ese día .

«Tenemos constancia de que la auditora ha tomado esta decisión, pero eso no quiere decir que no se pueda revertir. Hemos de ver cómo vehiculamos la situación y en eso están trabajando los grupos parlamentarios», añadió Artadi que, pese a todo, insistió en que esta decisión no suponía estar suspendidos.

Sin embargo, fuentes de la presidencia de la cámara autonómica desmintieron esta última valoración de Artadi y desvincularon la decisión de la Mesa. Tras conocer las palabras de la portavoz de la Generalitat, el entorno de Roger Torrent (ERC) señaló que: «La suspensión de sueldo de los diputados y las consecuencias que se deriven no cuentan con el aval político de la Mesa. Es una decisión que han adoptado los servicios de la cámara».

La Junta de Portavoces del Parlamento autonómico, precisamente ayer, decidió que el próximo pleno no se celebre hasta los días 2, 3 y 4 de octubre. Esos días se celebrará el Debate de Política General. Y una semana después el aplazado este mes centrado en la convivencia, a petición de Cs. Para Inés Arrimadas (Cs), que no se celebre ningún pleno hasta octubre es un « atropello a la democracia y a la oposición » y acusó al gobierno catalán de intentar «silenciar a la oposición».