De pactos y ofertas

Las invectivas volaban con fiereza desde los escaños: purgas, manipulación, descrédito, vergüenza… «El PP ha convertido RTVE en un apéndice publicitario del Gobierno». El debate había derivado en una especie de enmienda a la totalidad del abuso de poder. Y sin embargo, oh, sorpresa, a la hora del voto los diputados populares dieron por bueno el diagnóstico y apoyaron la reforma que les afeaba su conducta pasada.

Miércoles, 29. Sesión de control. Irene Montero se las tenía tiesas con Soraya Sáenz de Santamaría. Pablo Iglesias sacaba de sus casillas al paciente ministro del Interior.

Podemos apretaba las tuercas todo lo que podía. Sinvergüenzas, mascullaban algunas señorías mirando de frente al banco azul. Ciudadanos, mientras tanto, se colocaba de perfil. Ni Rivera, ni Villegas ni Girauta se alzaron de sus escaños para tensar la cuerda con las huestes de Rajoy.

Ese mismo día, algunos medios de comunicación ya adelantaban la noticia de que los gerifaltes de Génova estaban dispuestos a dejar caer al presidente de Murcia para no obligar a Ciudadanos a apoyar la moción de censura presentada por el PSOE.

Rivera y Javier Fernández habían acordado verse en secreto para pactar el derribo a la fuerza de Pedro Antonio Sánchez si su partido no le obliga a dimitir.

Jueves, 30. Nueva gresca parlamentaria, esta vez a propósito de la comisión de investigación sobre la caja B del PP. Salieron a relucir las cinco palabras malditas: Gürtel, Bárcenas, Púnica, Palma Arena, Brugal. Turno del PSOE: «Todo el mundo sabe que el PP, durante 20 años, se ha financiado al margen de la ley». Opinión de Podemos: «el PP es el partido más corrupto de la historia». Coda de Ciudadanos: «no habrá piedad con los corruptos». En nombre de los acusados se levantó el aragonés Suárez Lamata: «Lo que ustedes piden no es una comisión de investigación, sino una comisión para demonizar al PP».

El hombre se va enfadando mientras habla. «La comisión nace muerta, deslegitimada. El Congreso no puede convertirse en un tribunal popular». Todo parece indicar que votará en contra. Y sin embargo, mira por dónde, la comisión se aprobó por unanimidad.

Viernes, 31. Doble guiño del Consejo de Ministros a sus aliados. Luz verde a los Presupuestos Generales del Estado que un día antes habían ultimado Luis de Guindos y Luis Garicano mientras se tomaban un café en Casa Manolo, y promulgación, casi por la puerta de atrás, de un decreto-ley que permite la reposición de las plazas de la Ertzaintza, previamente recurrida ante los tribunales por el Gobierno central.

Eso último era parte del precio que ha fijado el PNV por su apoyo a la raquítica mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno. No se trata sólo de alcanzar un acuerdo para vadear la tramitación de los Presupuestos.

Según todos los indicios, como ya demostró en su día la votación del decreto de la estiba, el acuerdo con los nacionalistas vascos pretende ser de amplio espectro.

Así que hagamos balance: en una semana, el Gobierno ha limado asperezas con su socio preferente, ha cosido un acuerdo de larga duración con el PNV, ha puesto en órbita las cuentas del Reino y ha escenificado una cura de humildad que pretende dar por superada su antigua arrogancia. De la soledad más pavorosa ha pasado, con permiso de Coalición Canaria, a un reconfortante equilibrio de 175 escaños.

Lo que vayan a durar los efectos de ese plan de belleza en siete días es un arcano, pero por mucho que se tuerzan las cosas, y habida cuenta de que los Presupuestos que se aprueben ahora podrían prorrogarse el próximo año, Rajoy acaba de comprar un billete que le permite durar en el poder, mal que bien, hasta 2019. Pincho de tortilla y caña a que el próximo paso será ofrecerle a Rivera una cartera ministerial.