Ofensiva del Gobierno contra la sentencia de Estrasburgo

Si, tras conocerse la noticia, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz , se mostró dolido y dió por descontado que el Gobierno la recurría, ayer fueron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, quienes hicieron declaraciones en el mismo sentido.

Sáenz de Santamaría explicó durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el Gobierno ya ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que interponga un recurso contra la misma ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, puesto que la sentencia «no es firme». Dicho recurso, añadió, se está formalizando y se presentará en el plazo máximo preceptivo de tres meses.

Por otro lado, Fernández de Mesa , advertía en una entrevista con la Cadena Cope que la instancia debería tener en cuenta «los derechos humanos de aquellas personas que han sufrido el asesinato de sus familias».

Fue tajante al apuntar también que no le parece «de recibo» que haya un Tribunal que antes de analizar «qué es lo que ha pasado con los que han muerto por España y defendiendo la democracia, tengan que ser considerados posteriormente postergados a lo que ha hecho una asesina».

En la sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se muestra contrario a la «doctrina Parot» al asegurar que mantener en prisión a la etarra Inés del Río Prada por una revisión de la duración de la pena es «irregular». La denominada «doctrina Parot» obliga a descontar los beneficios penitenciarios del total de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.

El tribunal de Estrasburgo rechaza la aplicación de dicha doctrina a la etarra Inés del Río , al considerar que «vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo a los condenados bajo el antiguo Código Penal de 1973», como es el caso de la demandante.

Por ello, pide «la puesta en libertad» de Del Río «en la mayor brevedad posible» y exige que España la indemnice con 30.000 euros por los daños morales causados y 1.500 por gastos y costas. No obstante, el Gobierno no abonará a la etarra tal cantidad en ningún caso, puesto que, de llegar a ser firme la sentencia, se le descontaría de la responsabilidad civil que ha contraído con sus 23 víctimas mortales.