«No queremos indemnización, sino que la extraditen, la juzguen y la manden a la cárcel»

«Claro que seguiremos hasta el final , siempre que tengamos el apoyo suficiente y la ayuda del Ministerio del Interior para continuar», indicaba en nombre propio Montse Romeo, que subrayó su confianza en los abogados que les acompañan en esta causa y su agradecimiento a Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo.

Esta organización emitía ayer un comunicado diciendo que los hijos del militar que ETA mató piden a las autoridades españolas que adopten medidas «para conseguir del gobierno belga el cumplimiento de la OED (Orden Europea de Detención) que pesa todavía hoy contra la asesina de su padre» . En realidad, la justicia española ha emitido hasta tres ódenes contra la pistolera: dos de la Audiencia Nacional de 2004 y 2005 y la última, de 2015, todas desestimadas por jueces belgas, que de forma recurrente han retratado a ETA como un movimiento de «resistencia armada» que se alzó contra la franquismo. De hecho, cuando Jáuregui fue detenida en ese país en 2013, fue dejada en libertad en solo seis semanas y dos días bajo un argumento que sostenía que en España corría el riesgo ser torturada.

Frente a ese razonamiento, la familia fue especialmente cuidadosa al incluir en los sesenta folios de la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo documentación que evidenciaba que España es una democracia consolidada donde se respetan los derechos fundamentales de los presos. También de los presos de ETA.

Por eso ahora, con el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la mano, la familia propone que la OED vuelva a ser emitida y que si Bélgica niega de nuevo la extradición, su gobierno see llevado por el Ejecutivo español al Tribunal de Luxemburgo, que es el realmente competente para decidir en conflictos entre Estados derivados de OED.

Desde la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, su presidenta, destacó el logro de que la corte europea haya dado la razón a las víctimas de un crimen etarra en la primera demanda que han presentado ante este tribunal, aunque no haya sido al 100%.

Por el crimen del teniente coronel fueron condenados en 2007 a penas de 28 años de prisión tres integrantes del «comando Vizcaya», uno de los cuales culpó en una declaración a Natividad Jáuregui de haber apretado el gatillo, circunstancia certificada también por un testigo. Conviene no olvidar que los jueces belgas se han negado a encarcelar y devolver a Jáuregui argumentando, entre otros, que de lo suyo, de aquel crimen, hace ya mucho tiempo.