Carles Puigdemont y su abogado Paul Bekaert
Carles Puigdemont y su abogado Paul Bekaert - REUTERS

El Consejo de Europa deja a los jueces belgas sin argumentos para negar extradiciones a España

El Comité contra la Tortura certifica que la «detención incomunicada», principal excusa, no se aplica desde 2015

MadridActualizado:

El último informe del Comité para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CPT) del Consejod e Europa certifica que en España, «ni en 2015 ni en 2016 se ordenó el régimen de detención incomunicada», medida legal esta bajo la que -citando precisamente el informe de la misma institución, pero de 2012- el hoy abogado de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, sostuvo que ocultaba riesgo de malos tratos, lo que puso en conocimiento en su día ante el Tribunal de Inculpación de Gante para lograr en 2013 la no extradición a nuestro país de la presunta etarra Natividad Jáuregui.

Los jueces asumieron tal razonamiento de la defensa en un famoso pronunciamiento en el que decían que «existen serios motivos para pensar que la ejecución de la orden europea (de extradición de Jáuregui a nuestro país) podría vulnerar los derechos fundamentales» de la mencionada mujer, un éxito de Bekaert que aumentó su reconocimiento como valor seguro para los que huyen de la justicia española y que ha acabado llevando hasta su bufet al ex presidente de Cataluña.

Como recuerda la CPT, desde la entrada en vigor el 1 de noviembre de 2015 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el marco jurídico del régimen de detención incomunicada se ha visto mofidicado, entre otros limitando a dos los motivos por los que se puede aplicar: «la necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o la necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de Instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal».

La pervivencia de esta medida ha sido hoy objeto de debate en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, que ha rechazado la proposición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podemos- En Marea de pedir la eliminación de este régimen en cumplimiento de los consejos realizados por el propio CPT.