Extremadura rompe la inercia de la España atomizada

Aún queda un largo camino por delante para que la nueva corporación sea una realidad. Los técnicos municipales tienen que ensamblar las normativas urbanísticas de ambas ciudades y las haciendas locales y elaborar informes para la aprobación de organismos superiores, explicaban hace unos días a ABC los alcaldes Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena) y José Luis Quintana (Don Benito). Pero si cumplen con el cronograma previsto, en 2027 habrá en España 8.130 municipios, en lugar de los 8.131 actuales. O quizás más, porque en los últimos años ha habido más segregaciones que fusiones voluntarias. En 1996, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), el mapa español contaba con 8.097 localidades.

«España, como sucedió en Francia, salió del Antiguo Régimen con muchas jurisdicciones. La Constitución de Cádiz fue generosa en convalidar los antiguos municipios y, aunque hubo procesos de fusión, el mapa se mantuvo muy fragmentado. Y no se ha hecho una gran revolución desde entonces. Esto implica que tengamos una Administración municipal muy precaria , con una escasa diversidad política por la falta de candidatos, una dependencia muy grande respecto a entidades superiores y una falta de técnicos especializados y personal a tiempo completo», explica Burgueño.

«Desde los gobiernos centrales no se ha hecho nunca un esfuerzo para corregir esa situación, que es muy desfavorable para una administración racional del territorio. Hay un número excesivo de municipios, pero sobre todo hay un número enorme con un tamaño demográfico que no justifica su existencia como entes administrativos propios. Hay mecanismos, como las mancomunidades , que permiten costear servicios comunes, pero son insuficientes. Y esa fragmentación en circunscripciones que no tienen capacidad para mantenerse por sí mismas colabora bastante en la despoblación», apunta Julio Vinuesa, catedrático de Geografía Humana y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

De los 8.131 municipios españoles, 4.997 (61%) cuentan con menos de 1.000 habitantes . Apenas 149 superan los 50.000 habitantes. Por territorios, a la cabeza está Castilla y León, con 2.248 ayuntamientos -solo Burgos, con 371, tiene casi los mismos que Extremadura y más que Galicia, País Vasco y Navarra-, seguido de Cataluña (947) y Castilla-La Mancha (919).

Con el objetivo de reducir el número de municipios, el Gobierno de Mariano Rajoy promovió en 2013 la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que buscaba incentivar las fusiones voluntarias y aumentar las trabas para la escisión o creación de nuevos municipios. Con todo, en los últimos cuarenta años apenas ha habido dos fusiones en municipios gallegos: Oza-Cesuras (5.100 habitantes) en 2013 y Cerdedo-Cotobade (5.700 habitantes) en 2016.

«La identidad es el principal escollo para que se produzcan muchas de estas fusiones. Por eso, nosotros decidimos mantener los dos nombres e insistimos en que las costumbres no cambiarían por tener un único ayuntamiento. Pero además hace falta espíritu de sacrificio y valentía, porque en un proceso tan complicado siempre surgen tensiones», reconoce Jorge Cubela (PP), alcalde de Cerdedo-Cotobade, que va y viene entre las dos sedes que tiene la nueva administración. Su fusión, admite, no tiene nada que ver con la que se ha realizado en Don Benito y Villanueva, y no solo por las diferencias de tamaño. Ellos, cuenta, no lograron un acuerdo político con el principal partido de la oposición, el PSOE, cerraron el proceso de fusión en apenas ocho meses y tardaron casi un año más en unificar todas las ordenanzas fiscales. Además, el principal objetivo que buscaba esa unión era frenar la despoblación, más que sumar gigantes, como en el caso de Don Benito y Villanueva. «La Xunta de Galicia creó un fondo especial para las fusiones que nos animó a dar el paso. Además, ofreció un acceso prioritario a subvenciones», recuerda Cubela, que saca pecho del resultado de la unión: « Pasamos de manejar presupuestos de cinco millones de euros a más de nueve . Además hemos logrado ampliar la residencia de Cerdedo, recuperar un balneario, reforzar los centros socioculturales y la red de alcantarillado...».

Este apoyo de las instituciones estatales y autonómicas es para Burgueño una de las claves para lograr cambiar el atomizado ADN local español: «En España tenemos un sentimiento local muy arraigado. Si las comunidades autónomas -es discutible desde un punto de vista legal que tenga que ser el Estado el promotor de estas fusiones- no ofrecen políticas continuadas e incentivos para fomentar y facilitar estas uniones es difícil que cambie esa inercia. Es importante, además, que todas esas políticas se planteen con un claro conocimiento de la realidad local, porque hay muchas diferencias territoriales. En Castilla y León, por ejemplo, sería urgente tratar de acometer medidas de este tipo, por el minifundismo municipal y la acusada debilidad demográfica», asume este experto.

«Es un debate político importante que exige diálogo y sobre todo altura de miras. Cada provincia es un mundo. Y yo creo que la pandemia, así como el desarrollo de la administración local y electrónica, van a generar muchos cambios en este sentido. Hay que redimensionar nuestra realidad local, pero buscando el acuerdo, con tiempo y estudios que refrenden los beneficios de crear municipios más grandes», señala Cubela, que pone como ejemplo los procesos de reestructuración de países como Alemania, que entre 1950 y 2015 logró adelgazar su administración local un 64% , hasta quedarse en poco más de 8.500 localidades. Desde el estallido de la crisis de 2007, países como Dinamarca, Grecia y Portugal (que apenas tiene 300 municipios) también aplicaron la receta de las fusiones para cumplir con los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea. España, con una reforma pendiente que nunca llega, sigue en el podio de los países con más entidades locales del continente.