Moncloa esconde los recursos públicos que Sánchez utilizó en la campaña del 28-A

Así lo estima el Consejo de Transparencia, máximo garante del derecho de los ciudadanos a recibir información de la actividad del Gobierno y sus Ministerios, en una reciente resolución a la que ha tenido acceso ABC. En el texto, el Consejo exige al Ejecutivo que atienda la petición de una ciudadana que le solicitó, a través del portal de Transparencia , la relación de medios de transporte oficiales que Sánchez empleó, entre el 1 de enero y el 20 de mayo de este año, en desplazamientos no relacionados con su condición de jefe del Gobierno. Es decir, todas las ocasiones en las que el líder socialista se sirvió de los aviones, coches, helicópteros o cualquier otro vehículo propiedad del Estado con fines personales o partidistas. Se da la coincidencia de que en este intervalo está incluida la campaña de las últimas elecciones generales -celebradas el 28 de abril- que tuvo lugar entre los días 12 y 26.

Han pasado cinco meses desde que se expidió esta solicitud de información y la Secretaría General de Presidencia, que dirige Félix Bolaños -el muñidor de la operación para exhumar a Francisco Franco- ha optado por mirar hacia otro lado en una maniobra que compromete el derecho de los ciudadanos a obtener información de los organismos que las representan, según se recoge en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Esta reclamación al Gobierno es, además, totalmente pertinente. El Consejo de Transparencia no tiene ninguna duda de ello y así lo especifica en su resolución, con la que estima en su totalidad la petición de información. «No procede la aplicación de ningún límite al acceso a esta información», concluye el organismo, que otorga diez días de hábiles al gabinete de Presidencia para contestar a la solicitud. El plazo finaliza poco después de las elecciones y el Consejo no descarta que pueda haber alguna irregularidad en el fondo de esta cuestión, ya que La Moncloa, pese a estar obligada a rendir cuentas, no se ha pronunciado para desmentir ningún aspecto: «A falta de información en contrario por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, no podemos descartar que la información solicitada [una relación de medios de transporte públicos utilizados por Sánchez con fines particulares] exista», subraya este organismo fiscalizador en su resolución.

El Consejo de Transparencia, además, es muy contundente en los argumentos que esgrime para censurar el silencio del Ejecutivo en casos como este. De hecho, califica como «práctica no infrecuente» de determinados organismos y departamentos ministeriales, la ausencia de respuesta ante solicitudes de información comprometidas que los ciudadanos, ejerciendo sus derechos, formulan a través de los mecanismos pertinentes.

Esta resolución supone un duro varapalo contra el Gobierno que, en casos similares a este, cuando ha recibido preguntas sobre los medios de transporte del presidente -Falcon, helicópteros o similares...- suele argumentar que se trata de información confidencial o «clasificada». Pues bien, el Consejo de Transparencia indica que tampoco es admisible aplicar ese criterio , ya que los distintos viajes realizados por Sánchez entre estas fechas fueron de conocimiento público: «No parecería por lo tanto justificado clasificar como secreto un hecho -un desplazamiento físico del presidente del Gobierno- que es de conocimiento público en la mayoría de las ocasiones debido a la cobertura mediática que se le dispensa».

Este es solo un ejemplo de la opacidad de la Administración Sánchez en materia de Transparencia. Estamos en noviembre y la información fue solicitada a finales del mes de mayo, por lo que ya han pasado seis meses y el Gobierno sigue sin responder.

La cronología del caso es la siguiente: el 20 de mayo se hizo la petición de información. El 29 de mayo, el Gobierno pidió una prórroga de un mes más para reunir los datos necesarios. El plazo venció en julio y, el día 24, la solicitante pidió amparo al Consejo de Transparencia, que el 29 de julio remitió el expediente al gabinete de Presidencia. El 30 de agosto, el Consejo hizo un segundo requerimiento que, hasta la fecha, sigue sin respuesta. Por ello, Transparencia resolvió el pasado 22 de octubre: el Gobierno tiene diez días más para dar la información.

Con la campaña de por medio, y vistos los precedentes, no habrá respuesta, y la ciudadana tendrá que elegir entre rendirse y renunciar a una información que el Ejecutivo debería darle o emprender un pleito judicial contra el Gobierno, pese a que el Consejo de Transparencia le ha dado la razón. La transparencia era esto.