Moncloa abusa de resquicios legales para retrasar el debate de las leyes de la oposición

Ésta es la estrategia que los socialistas han aplicado al 78,5 por ciento de las leyes en lo que va de legislatura. De las 112 proposiciones de ley que los distintos grupos parlamentarios han registrado en la Cámara Baja, un total de 88 textos han estado bloqueados mediante este sistema. Al retardar un mes su debate en el pleno, el Gobierno reduce la oportunidad de estos textos y su potencia mediática. Esta táctica fue la que frustró, por ejemplo, que el último plan B de Pablo Casado para sustituir al estado de alarma pudiera debatirse antes de que éste decayera el pasado mayo. En el caso del PP, de sus 25 proposiciones de ley, un total de 22 se tramitaron por este silencio positivo, dos recibieron la disconformidad del Gobierno y la última está todavía pendiente de respuesta. De media, las leyes de los populares se mantienen aparcadas, de media, 29,96 días después de su publicación.

En la otra cara de la moneda se encuentran las leyes del Grupo Socialista , que reciben la conformidad del Gobierno en una media de cuatro días, al igual que las impulsadas conjuntamente por PSOE y Unidas Podemos. Dentro de esta elevada brevedad destaca la aún mayor urgencia de los textos más ideológicos o que convienen políticamente a los socios. Así, la reforma del Consejo General del Poder Judicial recibió la conformidad del Gobierno el mismo día en que llegó a Moncloa o la Ley Orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género logró el visto bueno del Ejecutivo el pasado 3 de junio, un día antes de que fuera publicada en el Boletín Oficial de las Cortes.

La celeridad del Gobierno en este último texto era clave políticamente para los socialistas porque las exigencias de Bruselas han reducido considerablemente su campo de acción para acometer reformas que acepten sus socios. Un problema agudizado tras la victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso en Madrid ya que el PSOE necesitaba trasladar esa idea de que Pedro Sánchez no estaba acabado sino que la legislatura acaba de comenzar. La protección a los huérfanos es una necesidad compartida por todos los grupos y permitía proyectar esa idea de actividad legislativa. De ahí la urgencia de Moncloa en tramitarla a la mayor celeridad.

Las leyes registradas por Unidas Podemos en solitario no corren la misma suerte ya que, de media, tardan 15,2 días en superar el trámite de conformidad. De las cinco planteadas por la formación morada, tres recibieron el visto bueno de Moncloa y otras dos se tramitaron por silencio positivo tras 30 días de espera.

Este abuso del silencio positivo afecta a todos los grupos de la oposición hasta el punto de que Moncloa no ha emitido ningún dictamen de conformidad en lo que va de legislatura. Ni siquiera para las proposiciones de ley de sus socios de investidura cuya toma en consideración ha apoyado después en el pleno. Es el caso, por ejemplo, de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o la modificación de la Ley de Secretos Oficiales, ambas del PNV y tramitadas tras los 30 días de rigor sin respuesta del Gobierno.