El Gobierno retira la reforma de las mayorías presionado por Bruselas

El Ejecutivo comunitario lleva meses pidiendo al Gobierno que consensúe cualquier reforma judicial con los jueces y ayer el comisario de Justicia, Didier Reynders, instó públicamente al Ejecutivo y a la oposición «a completar la renovación de los miembros del CGPJ», algo que corresponde «no solo a los partidos del Gobierno sino también a todos los demás, para pactar por mayoría cualificada» los nombramientos. Para más adelante, la Comisión considera que sería mejor que España asumiese también el criterio generalizado en la UE según el cual «al menos la mitad de los miembros del CGPJ han de ser elegidos directamente por los jueces». Tanto el PP como Cs han registrado en el Congreso una reforma para que sean los jueces los que elijan a los jueces y han mostrado su disposición a negociar el texto e introducir cambios, pero PSOE y Podemos rechazan esta fórmula.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo intentó justificar la retirada de la reforma de las mayorías argumentando que se encuentra «congelada» en la Cámara Baja, pero sigue generando «revuelo», acaparando «focos» y suponiendo una «distracción» para lo importante: la renovación del Poder Judicial y el anteproyecto presentado ayer para elevar la eficiencia de la Justicia. Campo aseguró que se comprometió con la vicepresidenta europea a retirar la reforma para «no dar pábulo a más» y demostrar a Bruselas que el interés del Gobierno en el ámbito judicial «está puesto en la eficiencia», «en el ciudadano y en una estrategia de país».

«No quiero que perdamos ni un minuto», abundó, después de desoír al ejecutivo comunitario durante meses, sin ir más lejos aprobando el recorte de funciones del Poder Judicial. Reynders dijo al respecto que entiende que se trata de una «medida provisional» y que tiene «el compromiso» del propio Campos de que esta excepcionalidad se mantendrá dentro de los principios del Estado de Derecho. En cuanto a la reforma de las mayorías, advirtió de que de haber seguido adelante con ella, la Comisión habría llevado a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo que precisamente ayer dictó una sentencia relativa a la organización del Poder Judicial en Malta en la que marcó su criterio de que «un Estado miembro no puede modificar su legislación relativa a la organización de la Administración de Justicia, de modo que ello dé lugar a una reducción de la protección del valor del Estado de Derecho». La sentencia concluye que «deben abstenerse de adoptar medidas que puedan menoscabar la independencia judicial».

En su intento de mantener la presión sobre los Gobiernos de Polonia y Hungría, que se encuentran en una situación de desafío abierto a los principios democráticos, Reynders quiso matizar que en el caso de España no se está «ante un problema sistémico sino ante asuntos puntuales como en otros Estados miembros». La delegación española del PP europeo, sin embargo, quiere que el tema se analice más profundamente en el seno de la Eurocámara y lo planteará en la reunión del grupo de trabajo sobre amenazas a la democracia.

Campo intentó aprovechar la renuncia obligada al recorte de las mayorías para volver a presionar al PP. «Lo que es verdaderamente importante es que quien está bloqueando la renovación del Consejo dé un paso atrás y se ponga a renovar los órganos constitucionales a los que hay obligación», señaló. «Urge que nos pongamos de acuerdo, mensaje claro a quien está bloqueando esa situación», subrayó.

Sin embargo, el ministro eludió contestar de forma directa a las preguntas sobre si el Gobierno levantará de la mesa los dos nombres que veta el PP, Ricardo de Prada y Victoria Rosell, como candidatos a vocales del CGPJ. «Siempre aparece una nueva excusa . El problema es que hay un momento en que ya en el cajón no te queda ninguna y el PP se queda sin excusas», replicó. El ministro tampoco dio muestras de estar dispuesto a retirar a Podemos de la negociación ni a dar alas a la reforma para que los jueces elijan a los jueces; las otras dos condiciones que reclama el PP. Por ello, fuentes de Génova valoraban ayer la retirada de la reforma como «un paso», pero advertían de que las posiciones siguen en el «mismo sitio» e insistían en reclamar garantías de que no habrá interferencias en la independencia del Poder Judicial. «Renovaremos los órganos constitucionales cuando Sánchez acepte reforzar la independencia judicial y respetar la separación de poderes. Llevo dos años exigiendo esta condición como marca la Constitución y el Consejo de Europa. El que bloquea y degrada las instituciones es el PSOE», señaló el presidente popular, Pablo Casado, vía Twitter. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra , resaltó que el Gobierno retira la reforma de las mayorías «obligado por la presión ejercida desde el PP con Pablo Casado al frente tanto en las instituciones españolas como europeas».

Juan Carlos Campo, sin embargo, culpó a las elecciones autonómicas madrileñas de la posición popular y se mostró seguro de que el acuerdo llegará tras estos comicios. «¿Qué ocurre? Que ahora mismo estamos en un proceso electoral, pues bueno esperaremos al 5... Estoy convencido de que tendremos esa renovación más pronto que tarde porque no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial», remachó.

En el momento en que Campo anunció la retirada, comparecía el presidente del Grupo Podemos, Jaume Asens, quien se mostró reacio al movimiento y reclamó «una alternativa» antes de dar marcha atrás. Las alarmas saltaron en el PSOE ya que una iniciativa solo puede retirarse con el acuerdo de todos los firmantes. Pocas horas después, Podemos matizaba que se trataba de « un malentendido» y que la reforma de las mayorías había sido retirada «hace días». Una versión que no se ajustaba a la realidad y que también se corrigió para hablar de una «retirada de facto» aún por concretarse.