Los materiales fatigados

La arquitectura política de la Transición se estableció, bajo la clave de bóveda de la Corona , sobre dos grandes pilares estructurales. De un lado la ley electoral, diseñada en 1978 con posteriores retoques, implantó el mecanismo de proporcionalidad mayoritaria con el objetivo de consolidar una gobernación estable. El llamado bipartidismo surge de ese sistema que prima a las fuerzas con mayor apoyo en detrimento de las minorías, si bien reforzó desde muy pronto el papel de los partidos nacionalistas con el voto concentrado en sus circunscripciones regionales. El mecanismo de atribución de escaños con la provincia como unidad básica ha producido una larga estabilidad de carácter turnista al precio de reducir y limitar la presencia parlamentaria de formaciones terceristas de ámbito nacional. Del mismo modo, las listas cerradas vienen siendo objeto de controversia al consolidar la endogamia de los aparatos partidistas como factor decisivos de la selección de los representantes.

La otra viga estructural fue el modelo autonómico que, a diferencia del inalterable patrón electoral, ha sufrido variaciones sustanciales en tres décadas desde que Andalucía destruyese en el referéndum de 1980 el esquema inicial de una España de dos velocidades. Liquidado por el Tribunal Constitucional el intento gonzalista de frenar con la Loapa el proceso de autogobierno generalizado, las competencias de las comunidades no han dejado de desarrollarse de forma compulsiva, redundante y a menudo desordenada. Tanto González como Aznar impulsaron dos grandes rondas de descentralización como consecuencia de sus pactos de gobierno con el nacionalismo pujolista catalán, y siempre a costa de una creciente jibarización del Estado. El mandato de Zapatero alcanzó el paroxismo de esta especie de federalización encubierta al estimular la segunda generación de estatutos, que en el caso de Cataluña originó el actual conflicto soberanista, el mayor desafío de integridad territorial sufrido por el llamado «régimen del 78».

En buena medida debido a la crisis catalana y en parte también por causa de los excesos de gasto incontrolado cometidos por las autonomías en la época de bonanza a principios de este siglo, importantes sectores de la opinión pública han comenzado a percibir el antes venerado marco autonómico como uno de los mayores problemas de la España actual y a solicitar una reordenación urgente del modelo.

El paso del tiempo ha mostrado síntomas de desgaste en todo el edificio constitucional, en especial en lo que se refiere a los mecanismos representativos y a la independencia de los poderes del Estado. A los ya mencionados debates sobre el sistema judicial, el electoral y el autonómico se han venido a sumar el del envejecimiento de la Corona -el único que se ha sustanciado de forma satisfactoria con la abdicación del Rey Juan Carlos-, el del papel del Senado, el de la intervención reguladora del Gobierno en la actividad económico-financiera -con la implosión de las cajas como punto culminante- y, sobre todo, el de la limpieza de la vida pública, acentuado con la segunda gran oleada de casos de corrupción registrada en los últimos años.

El surgimiento de nuevos partidos con programas regeneracionistas es el paradigma del gran fenómeno de cuestionamiento institucional que vive la sociedad española. Al cabo de cuatro décadas de funcionamiento se ha extendido una percepción generalizada de aluminosis en las vigas maestras de la democracia. La idea de una «segunda Transición» que domina la mayoría de los mensajes electorales no es más que la expresión de esa fatiga de materiales que parece cuartear la estructura de un sistema puesto a prueba por un uso intensivo y a veces desmesurado.