El aduanero que murió 'cazando' narcos habló de su temor: «No voy a permitir que vuelen si veo chapuzas»

La investigación sobre las causas de este accidente sigue su curso –ya se ha tomado declaración al piloto del helicóptero– y como ya adelantó este periódico el pasado 8 de agosto , la noche que cayó al mar el aparato siniestrado tuvo un problema técnico que le obligó a regresar a su base . Ese fallo no afectaba a la seguridad del vuelo, pero le hizo llegar tarde a su objetivo .

En los mensajes a los que ha tenido acceso ABC, el interlocutor de la víctima, compañero suyo, le conmina a mantener su criterio de no permitir que los helicópteros vuelen si veía «chapuzas». «Nunca –le remarca esta persona–. Ten mucho cuidado con eso». Y en otro momento le aconsejaba: «Y el mecánico que toque algo que firme como responsable».

Los mensajes se producían en un contexto en el que solo uno de los cinco helicópteros de Vigilancia Aduanera estaba operativo –tras el accidente, se quedó sin ninguno, con lo que eso supuso de una aún mayor pérdida de actividad contra el narco, especialmente en la zona de El Estrecho– y con un ambiente enrarecido entre los agentes por el hecho de que las aeronaves no pudieran ser utilizadas.

Pero había más motivos para la inquietud. La adjudicación del contrato de operatividad y mantenimiento de los helicópteros de Vigilancia Aduanera, de más de 20 millones de euros, había sido conflictivo , hasta el punto de ser recurrido por una UTE que se había presentado al concurso. Ese recurso, sin embargo, ni siquiera fue admitido a trámite. La licitación del contrato se publicó en mayo de 2019, pero no fue definitivo hasta junio por las aclaraciones que solicitó Eliance.

Las sociedades que ganaron el concurso fueron Eliance Helicopter y Eliance Service, que a su vez subcontrataron el mantenimiento del 75 por ciento de la flota de aparatos de Vigilancia Aduanera a Heliportugal Helisuporte . En principio, no hay problema alguno a que se haga ese movimiento, pero la nueva empresa en liza debe cumplir, como las anteriores, todos los requisitos que exige la legislación europea para poder trabajar con la administración.

Una de esas condiciones es que la empresa, Heliportugal en este caso, no haya incumplido sus obligaciones relativas al pago de impuestos. La sociedad, en el formulario correspondiente –se conoce como DEUC, acrónimo de Documento Europeo Único de Contratación–, aseguraba que nunca lo había hecho, a pesar de que una sentencia dictada el 11 de septiembre de 2018 por el Tribunal Judicial de Lisboa Oeste condenó a los dos administradores de la mercantil por delitos de fraude fiscal –asimilable a nuestro delito contra la Hacienda Pública– con una pena de prisión de 4 y 15 meses, respectivamente, además de multas.

Además, el Tribunal de Cuentas portugués, el 13 de julio de 2020, dictó una sentencia en la que apreciaba falsedad en otro DEUC presentado por Heliportugal para la adjudicación de un contrato de alquiler de helicópteros para la lucha contra los incendios forestales, precisamente por esas condenas que ocultó en España.

Para una adjudicación como la que hizo Vigilancia Aduanera también es necesario que las empresas adjudicatarias –y también aquellas con las que subcontratan, como es en este caso–, no estén sometidas a un procedimiento de insolvencia ni a un proceso de convenio de acreedores. Heliportugal aseguró que no estaba en esas circunstancias, pero lo cierto es que la mercantil estuvo en una situación análoga a la quiebra y se ha sometido a un procedimiento de insolvencia que le ha obligado a llegar a un acuerdo con sus acreedores. En concreto, está inmersa en un ‘proceso especial de revitalización’, que está dirigido a sociedades que se encuentran en una situación de insolvencia y tiene como objetivo formalizar un convenio de acreedores y aprobar un pan de recuperación. En el caso de Heliportugal ese plan es de 20 años –va desde 2015 hasta 2034– y el convenio con los acreedores asciende a algo más de 153,6 millones de euros.

Hay un tercer elemento, no menor, que concurre en Heliportugal. El Tribunal Arbitral de ese país condenó el 27 de febrero de 2019 a la mercantil a indemnizar al organismo público luso Anepc (Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil) por los daños derivados del incumplimiento de un contrato de mantenimiento de los helicópteros que había firmado en mayo de 2006. Además, el mismo organismo resolvió anticipadamente otro contrato con esa sociedad, firmado en 2014 para la reparación de motor y caja de otra aeronave, imponiéndole una sanción de más de 223.000 euros.

Pero no solo Heliportugal fue sancionada. Según recuerda el SLTA (Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos) Eliance Helicopter fue penalizada , solo en 2019, por dos administraciones públicas españolas –Galicia y Baleares– por siete faltas muy graves relacionadas con averías en uno de los helicópteros, en uno de los casos, o por incumplimientos con la tripulación. En el caso de Baleares, se procedió además a rescindir el contrato.

Hace solo unos días también trascendió la denuncia de Tècnics en Lluita (Técnicos en Lucha) en el sentido de que Eliance, que lleva el servicio de helicópteros de la Generalitat se estaba saltando de forma continua el pliego de condiciones al dejar zonas de Cataluña sin esos aparatos por cumplir otros contratos, por ejemplo con la Fórmula 1. Asimismo, aseguraban que «el gerente de Eliance tiene línea directa» con el consejero de Sanidad de la Generalitat.

Las fuentes consultadas por ABC aportan otra clave. En el momento de la adjudicación por parte de Vigilancia Aduanera, Eliance no contaba con las capacidades técnicas requeridas para dar el servicio; es decir, no contaba con la obligatoria habilitación, que solo le llegó después de ganar el contrato de gestión y mantenimiento de la flota de aeronaves del SVA.

Como ya informó ABC, el Grupo Popular en el Congreso ha p resentado una batería de preguntas al Gobierno para que aclare todas las circunstancias de este caso.