La Justicia anula a ANV y PCTV y evita que la voz de los terroristas llegue al Congreso

Todos estos acontecimientos, que contrastan con la parálisis sufrida durante la «tregua», se producen cuando tan sólo faltan cuatro semanas para las elecciones y ocho meses después del fracaso de las negociaciones del Gobierno con los terroristas. Y es que desde el pasado 6 de junio -fecha de la ruptura de la tregua-, la política antiterrorista de Zapatero experimentó, conforme se aproximaban las elecciones y arreciaban las críticas por los contactos con ETA, un giro de 180 grados que alcanzó de lleno a la Fiscalía General del Estado, que en las últimas semanas ha puesto «el turbo» a sus actividades con las demandas que ante el Tribunal Supremo y ante el juez Garzón presentó contra ANV y PCTV.

Pese a la cercanía de los comicios, el magistrado, que destaca la importancia que la banda da a las elecciones, precisa que la suspensión cautelar de las actividades de ambos partidos «no se trata de un acto «ad hoc» para evitar la concurrencia de este último partido [ANV] a un proceso electoral. La suspensión se adopta con independencia de esa circunstancia, aunque resulta obvio que tiene una trascendencia fundamental». Para el juez, «tampoco se pretende ilegalizar un partido político [algo que corresponde a la vía de lo contencioso administrativo con la aplicación de la ley de Partidos], sino aplicar una medida cautelar tendente a prevenir la continuación de la utilización de ese partido político para la comisión de graves delitos».

Mantendrán sus puestos

La medida de suspensión no afecta, según el juez, a «las actividades que como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños puedan ostentar personas integradas» en ANV y en el PCTV, que mantendrán sus puestos en los ayuntamientos y en el Parlamento vasco. No obstante, respecto al grupo parlamentario del PCTV, contra el que Garzón carece de competencia para actuar, el juez anuncia que elevará en su momento suplicatorio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para que decida si debe reclamar al Parlamento vasco que retire la inmunidad parlamentaria a los nueve diputados de ese grupo en el Parlamento vasco.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado a favor de pedir a Garzón que remita al TSJPV la parte de la investigación sobre el PCTV que afecta a las parlamentarias Nekane Erauskin (portavoz) y Karmele Berasategi (tesorera), por si éstas hubieran cometido los delitos de colaboración con ETA y asociación ilícita por los que el juez ya ha imputado a otros responsables del partido que no son parlamentarios.

En total, catorce miembros de ambos partidos se encuentran ya imputados en la causa por los delitos de colaboración con organización terrorista, asociación ilícita y defraudación de subvenciones y/o malversación de caudales públicos. Según Garzón, «los fondos que han recibido y reciben tanto PCTV como ANV por su representación municipal, foral y parlamentaria son gestionados por personas ajenas a su estructura y vinculadas a Batasuna y a la dirección única del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco».

Además, el juez Garzón subraya que, pese a que PCTV y ANV financiaban las actividades electorales de Batasuna-ETA para que pudiera «hacer campaña», no se puede concluir que los partidos legales pertenezcan a una organización terrorista, sino «a la voluntad de favorecer la actividades de Batasuna-ETA y su presencia indirecta en la campaña electoral». También el magistrado se refiere a los datos acumulados contra el PCTV antes de que entrara en el Parlamento vasco, en abril de 2005, y sobre ellos señala que «no es que fueran irrelevantes, sino que no fueron considerados suficientes para adoptar medida cautelar alguna contra el conjunto de la actividad del PCTV».