La Junta, la acusación en los ERE que defiende a Chaves y Griñán

A diferencia de la Fiscalía Anticorrupción, el PP andaluz y Manos Limpias, la Junta no acusó a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán ni a los 20 ex altos cargos restantes que les acompañan en el banquillo de los acusados. Desde el 13 de diciembre pasado un tribunal de la Audiencia de Sevilla los juzga por crear y mantener un sistema «arbitrario» sin convocatoria pública y eludiendo el control y la fiscalización previa para otorgar ayudas públicas sociolaborales a empresas en crisis entre 2000 y 2011.

La Junta, por voluntad propia, se retiró de la acusación en el juicio de la llamada pieza política de la macrocausa de los ERE . Solicitó el archivo de este proceso bajo el argumento de que no hubo «trama criminal» ni se creó un procedimiento para repartir ayudas de forma caprichosa, a pesar de algunas de ellas llegaron a intrusos (personas ajenas a empresas subvencionadas donde nunca trabajaron) o se repartieron en forma de cuantiosas comisiones entre intermediarios como el exsindicalista Juan Lanzas. La Junta pidió el sobreseimiento y concretará el perjuicio ocasionado al erario público en el resto de piezas en que se ha dividido el sumario, relativas a cada una de las empresas que recibieron ayudas.

Su postura aporta una potente munición jurídica a las defensas de los 22 ex altos cargos procesados, cuyo juicio se reanudará el 9 de enero con la presentación de las cuestiones previas.

Dentro de la batería de pruebas que solicita para armar la defensa, José María Mohedano, abogado del exdirector general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano , solicita que declaren como testigos María Victoria Gálvez e Ignacio Carrasco, los letrados que han representado a la Administración autonómica como parte perjudicada en el proceso.

Estos abogados concluyeron que no hay «prueba de cargo alguna que permita afirmar que se ha implantado un procedimiento específico para la concesión de ayudas y/o subvenciones y con una finalidad ilegítima».

La Junta «perdonó» también las fianzas millonarias de responsabilidad civil a los acusados. Y éste fue el motivo de que la juez María Núñez Bolaños archivara tales garantías cautelares a los ex cargos procesados por supuesta malversación. La Administración esperará a que sean enjuiciados para decidir si pide o no cuentas por el dinero supuestamente defraudado . Esta posición de la Junta como parte perjudicada salvó, por ejemplo, a Griñán de responder con su patrimonio a una fianza de 4,21 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, cifró en 741,6 millones de euros la responsabilidad civil de los 18 procesados por malversación de fondos.

El Gobierno socialista presume de colaborar con la Justicia durante la instrucción, pero la juez que destapó el caso, Mercedes Alaya , siempre consideró que más bien se dedicaba a torpedearla. La Junta rechazó la imputación de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, que ahora va a ser juzgada por un supuesto delito de prevaricación. La magistrada censuró esta postura, que «parece más propia de una defensa que de una acusación particular», aseguró la instructora.

El Gobierno andaluz, también presenta a los expresidentes como unos imputados «políticos», objeto de «ataques salvajes» del PP. La presidenta de la Junta, Susana Díaz , volvió a erigirse la pasada semana en defensora de ambos y, anticipándose a la futura sentencia, auguró que «algunos tendrán que pedirles perdón».