Un periodista fotografía el monitor de la sala de prensa instalada en la Audiencia de Sevilla
Un periodista fotografía el monitor de la sala de prensa instalada en la Audiencia de Sevilla - EFE
Editorial ABC

Proceso a la corrupción como método

El caso de los ERE no tiene comparación posible con ningún otro episodio de saqueo de las cuentas públicas en nuestra historia reciente

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Siete años después de que, gracias a ABC, se iniciara la investigación del caso ERE, ayer comenzó la vista oral en la Audiencia de Sevilla con dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y con una exministra socialista, Magdalena Álvarez, en el banquillo de los acusados. Su fotografía ante el Tribunal fue la imagen demoledora de lustros de corrupción institucionalizada y el retrato del caso más grave de malversación de dinero público conocido en democracia. Así lo atestiguan los más de 800 millones de euros desviados del erario para nutrir expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Es un caso sin comparación posible con ningún otro episodio de saqueo de las cuentas públicas en nuestra historia reciente. Es evidente que mientras no existan condenas, todos los acusados tienen derecho a que se presuma su inocencia. Pero desde una perspectiva política, es un caso alarmante que no solo puso fin a la carrera de muchos dirigentes del PSOE, sino que ha desvelado un modo espurio de manejar el poder y las influencias basado en la arbitrariedad más absoluta y el nepotismo más abyecto. Se trataba sencillamente de enriquecer a afines a la causa del PSOE para tejer una inmensa red clientelar de privilegiados con dinero realmente destinado a los parados de Andalucía.

Por eso ni es un «juicio político», como se ha quejado el PSOE durante toda la instrucción con lamentables episodios de acoso a la juez Mercedes Alaya, ni la vista oral consistirá en averiguar si Chaves, Griñán, Álvarez o Gaspar Zarrías se enriquecieron personalmente. Nadie les acusa de eso, sino de instaurar un régimen corrupto de amiguismo a costa del dinero de todos los andaluces, del que se beneficiaron cientos de personas que jamás trabajaron para las empresas que les incluyeron en falsos ERE. O que si trabajaron, debieron hacerlo desde su más tierna infancia, lo cual es imposible. Para ello, el PSOE andaluz creó una partida presupuestaria en las etapas de Chaves y Griñán que se infló a conciencia durante diez años para financiar lo que la Fiscalía define como un fraude escandaloso para generar una «bolsa» de fieles perpetuos al partido. La clave del juicio radicará en si Chaves, Griñán y sus subordinados crearon ese instrumento con el objetivo de delinquir, o si sencillamente incurrieron en una brutal negligencia para que escalones intermedios de la Junta y sindicalistas oportunistas con credenciales de «conseguidores» desviaran dinero a sus propios bolsillos. Pasarán años antes de que alguien pueda olvidar el relato que hizo la madre de Juan Lanzas al admitir ante la policía judicial que su hijo ocultaba dinero «como para asar una vaca». Tendrán difícil hacer creer al Tribunal que el caso ERE fue cosa de cuatro desalmados, y no la deriva de un régimen instalado en una corrupción galopante.