Junqueras pide participar en el 21-D sin renunciar al plan secesionista ilegal

En sus recursos de apelación, los líderes de ERC se esconden en palabras ambiguas para desvirtuar el riesgo de reiterar en los delitos que les imputan -el principal motivo que justifica su encarcelamiento preventivo, junto al riesgo de fuga-, pero defienden con claridad el proceso independentista, cuyos pasos han sido anulados por el Tribunal Constitucional. Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó asumen su cese como gobernantes, pero evitan acatar expresamente la aplicación del artículo 155. Así se expresan los cuatro exconsejeros en los escritos con los que piden a la Sala de lo Penal que revise la decisión de Lamela, a los que accedió ABC.

Con la misma finalidad, otro tono utilizan los exconsejeros encarcelados que militan en el PDeCAT, la antigua Convergència, más explícitos en su aceptación del nuevo escenario tras la intervención de la Generalitat por el Ejecutivo de Rajoy. Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn han alegado que es imposible que continúen delinquiendo -aunque difieren del punto de partida y niegan las imputaciones- dado que el Govern ha sido destituido.

Rull y Turull aseguran en sus recursos que «han acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del artículo 155 sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia». Forn utiliza otras palabras. « Dictado por el Senado acuerdo que aprobó autorizar las medidas requeridas por el Gobierno de la Nación, al amparo del artículo 155, (Forn) asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia». Todos los exconsejeros, incluidos los de ERC, alegan que el Govern no se ha reunido desde su cese ni ha adoptado acuerdos ni actos ejecutivos, como prueba de que no pueden reincidir.

Las palabras y mensajes utilizados por los líderes independentistas pueden ser decisivos para su situación mientras son investigados, hasta que sean juzgados y llegue una futura condena. El espejo de todos es la decisión que adoptó el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el instructor que investiga a Carme Forcadell y otros cinco antiguos miembros de la Mesa del Parlament por el proceso independentista. Esta magistrado devaluó el riesgo de que Forcadell y los cinco imputados reiteren en los delitos por las afirmaciones que expresaron cuando les interrogó el pasado 9 de noviembre. «Todos los querellados, no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 , sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional», señaló el juez en el escrito en el que les impuso a los seis diversas fianzas para quedar en libertad. Ningún exconsejero catalán encarcelado -ni los de ERC ni los del PDeCAT- ha expresado esa renuncia ni ha solicitado por ahora declarar de forma voluntaria ante la juez.

Los exconsejeros también piden a la Sala de lo Penal valorar la situación preelectoral. Argumentan que, si no estuvieran en prisión, tendrían una «participación muy activa» en la campaña. En su auto, el juez del Supremo Llarena advirtió de que los independentistas podrían persistir en su actuación «fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura en un ilegal proceso constituyente».

Los encarcelados de ERC reconocen que la DUI tuvo «valor estrictamente político», pero niegan cualquier ilegalidad en su estrategia. La ilicitud solo existe, según ellos, en «una sesgada visión de lo sucedido», que atribuyen a la juez y a la Fiscalía. Lamela considera que los antiguos gobernantes catalanes empujaron hacia la independencia por las vías ilegales, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado, y les atribuye delitos de rebelión, o sedición, y malversación.