Junqueras evita acatar expresamente el artículo 155, pero pide participar en el 21-D

El líder de ERC, que califica de desproporcionado su encarcelamiento, explica que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena utilizó la huida de Puigdemont y otros cuatro exconsejeros para valorar positivamente la comparecencia de Carme Forcadell y los miembros de la Mesa ante la justicia. Junqueras denuncia que la juez Carmen Lamela invoque la fuga del expresidente catalán para apreciar un mayor riesgo de reiteración delictiva ante la existencia de «un supuesto Gobierno en el exilio de la República Catalana capitaneado por el querellado Puigdemont, como legítimo president del mismo». Lamela imputa a Junqueras delitos de rebelión, o sedición, y malversación , por empujar hacia la independencia por las vías ilegales y enfrentar a la sociedad catalana contra el Estado, intentando desbordar las calles.

El exvicepresidente de la Generalitat reconoce que la declaración unilateral de independencia tuvo «un valor estrictamente político» y asegura que no pueden reiterar en los delitos imputados si el plan secesionista ilegal culminó con dicha declaración. Ninguna de estas expresiones equivale al cambio de actitud que el juez del Supremo apreció en Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament, todos en libertad tras haber pagado sus respectivas fianzas. Según Llarena, ellos se comprometieron a renunciar a la política o, en el caso de seguir, renunciaron a cualquier actuación «fuera del marco constitucional».

La defensa de Junqueras vuelve a alegar la indefensión generada por una citación judicial «a menos de 24 horas» de la fecha de la declaración y argumenta que el interrogatorio debió ser suspendido. También vuelve denunciar la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar esta causa. Lamela asegura que el tribunal es competente porque el objetivo de los independentistas era empujar hacia la independencia por las vías ilegales, lo que supone un atentado contra la forma de Gobierno, lo que le corresponde a este tribunal. La juez les encarceló al apreciar que los exconsejeros pueden fugarse, siguiendo el ejemplo de Puigdemont, y que existe riesgo de que reiteren en los delitos que les imputa.

Los mismos argumentos han expuesto los también exconsejeros encarcelados Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa , también de ERC y defendidos por el mismo abogado, Andreu Van den Eynde. Todos asumen el cese de su cargo, como consecuencia del artículo 155, pero evitan acatar expresamente esta medida. También aseguran que la DUI solo tuvo valor político y lamentan el «daño reputacional» que la cárcel les supone en un periodo electoral.

El mismo día, el también exconsejero encarcelado Joaquim Forn ha solicitado también a la Sala de lo Penal su liberación. En la misma línea que Jordi Turull y Josep Rull , todos procedentes del PDeCAT, Form invoca el nuevo escenario en Cataluña tras la intervención del Ejecutivo de Rajoy para alegar que es imposible que reitere en los delitos. En un recurso al que accedió ABC, la defensa asegura que Forn «asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia». Este motivo, ya alegado en los primeros recurso de reforma presentados ante la juez, no supone sin embargo que renuncia expresamente a actuar «fuera del marco constitucional», como sí hicieron en sus declaraciones ante el juez del Supremo Carme Forcadell y los demás miembros de la Mesa imputados.