Anticorrupción pide la imputación de los hijos de De la Rosa por recibir comisiones de la familia Pujol

El Ministerio Público considera que los pagos, que alcanzan los seis millones de euros , fueron canalizados a través de una sociedad pantalla con sede en Holanda, Marway. La empresa era empleada por el menor del clan Pujol, Oleguer, para introducir en el mercado, de espaldas al fisco, capitales procedentes de la venta de 1.152 oficinas del Banco Santander , que se cerró por un total de 2.177,38 millones de euros.

Los investigadores rastrean, en concreto, una transferencia de 6,2 millones de euros que Oleguer Pujol habría hecho a Marway. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga a Oleguer Pujol Ferrusola y sus hermanos Jordi, Josep y Pere por actividades económicas que podrían ser constitutivas de los delitos de corrupción y falsedad documental.

Por otra parte, la Fiscalía solicita además que se archiven las acciones contra Drago Capital y quien fuera su socio Luis Iglesias en lo referente al delito de blanqueo de capitales, y también al juez Pedraz que se inhiba a favor de su compañero del Juzgado Central de Instruccion número 5 de la Audiencia Nacional José de la Mata, que se encarga de instruir otra causa sobre irregularidades relacionadas con la familia Pujol.

Estas pesquisas, impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ( UDEF ) del Cuerpo Nacional de Policía, tienen como origen el sumario en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga el patrimonio y las actividades económicas de Oleguer Pujol.

Entre las operaciones que investiga el juez Pedraz se encuentra la operación firmada en noviembre de 2007 por la que la empresa Samos Servicios y Gestiones a dquirió 1.152 sucursales del Banco Santander por un total de 2.177,38 millones de euros. También existen sospechas por la compra de un hotel en Canarias por valor de ocho millones de euros que se habría abonado con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

Los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda consideran que las operaciones financieras investigadas podrían contener «elementos de defraudación tributaria» con «relevancia criminal», tras los registros en el piso y despacho de Oleguer Pujol del 23 de octubre de 2014, y después de que la Agencia Tributaria haya puesto de manifiesto en al menos tres informes, «de una manera más o menos extensa», que en la actuación de Pujol e Iglesias existen «elementos de defraudación tributaria que tienen relevancia criminal».