El juez vuelve a rechazar que Jordi Sànchez salga de la cárcel para acudir a la investidura

El instructor considera que la postulación del procesado como presidente de la Generalitat presenta elementos que apuntan «marcada y racionalmente a que su eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto de un orden constitucional por el que cualquier elector entiende que debe desarrollarse su representación democrática». Si Sànchez consigue su objetivo, señala Llarena, puede transgredir las mismas «normas prohibitivas penales» que han justificado la incoación de la presente causa. Por ello, priman los derechos políticos colectivos sobre los individuales proclamados por el exlíder de la ANC.

En este sentido, el instructor recuerda que Jordi Sánchez tiene una limitación del ejercicio en sus derechos políticos aunque sólo parcial , pues no ha sido privado de su derecho a concurrir en un proceso electoral, ni de su derecho a ejercer el voto en su actuación parlamentaria. Pero respecto a su petición de asistir al Pleno de investidura, las restricciones vigentes «resultan plenamente justificadas dadas las graves consecuencias que tendría su reincidencia respecto de los principios y derechos constitucionales y políticos de todos los ciudadanos españoles y de aquellos que constituyen el propio cuerpo electoral en Cataluña, así como la marcada probabilidad de que esta reiteración sobrevenga en la eventualidad de que se le llegaran a atribuir las funciones ejecutivas para las que se postula».

En un escrito presentado al juez el pasado martes, Sànchez pidió al magistrado que posibilitara el ejercicio de sus derechos civiles permitiéndole asistir al pleno del viernes. Para ello proponía tres opciones: su libertad provisional, permisos concretos o, por último, a través del sistema de videoconferencia.

El diputado de la JpC, que en su última comparecencia ante el juez, para intentar lograr su libertad, llegó a comprometerse a dejar su escaño y volver a la actividad docente , alude a una resolución del Comité de Derechos Humanos, que «ha instado al Estado español a garantizar cautelarmente los derechos». Entre ellos, los de «participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente» y «tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país».

El pasado 9 de marzo, el magistrado ya rechazó la petición de Sànchez para someterse al primer debate de investidura para el que fue propuesto. Entonces Sànchez todavía no había sido procesado por rebelión. Llarena basó su decisión en el riesgo de reiteración delictiva, dado que los delitos investigados «se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales» y Sànchez se integra en una candidatura que «se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república que declararon».