El juez vincula a Junqueras, los «Jordis» y Forn con la «explosión violenta» en Cataluña

No es el caso, sin embargo, de los otros seis exconsejeros que declararon el viernes en el Tribunal Supremo y a los que el magistrado decidió excarcelar previo pago de una fianza de 100.000 euros. Se trata de Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxel Borrás, Josep Rull y Jordi Turull.

Pese a que Llarena considera que en todos persiste el riesgo de reiteración delictiva , y que confiar en su compromiso de ejercer la política dentro del marco constitucional es poco más o menos que un acto de fe -viene a decir-, su decisión solo se justifica «por la importancia del derecho a la libertad» y porque el auto con el que modifica las medidas cautelares que les impuso la juez Lamela (prisión incondicional para todos) es reversible. En este sentido, y al igual que advirtió a Forcadell y a los cuatro miembros de la Mesa a los que dejó en libertad bajo fianza el pasado 9 de noviembre, si vuelven a delinquir, irán de inmediato a prisión.

La situación de Junqueras, Forn y los «Jordis» es, sin embargo, distinta por el peligro potencial que puede representar la reiteración de sus conductas. Llarena basa su afirmación en diferentes datos de la investigación que vinculan la «aportación» de los dos cargos públicos y de los dos líderes independentistas con el ejercicio de la violencia. La clave está en el documento «Enfocats» , en el que se habla de un «comité estratégico» del que formaban parte Junqueras y los «Jordis» y que decidía cómo y cuándo llevar a cabo las actuaciones del proceso.

Apunta su «posición de dominio en muchas de las movilizaciones sociales sufridas», entre las que destacan los «incidentes violentos» del 20 de septiembre ante las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat -hechos por los que se abrió la investigación en la Audiencia Nacional por sedición contra el exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana-, el boicot al registro en la entidad Unipost, el corte de carreteras o las murallas humanas en los centros de votación, «forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesaria de otro modo». Estos imputados también estuvieron relacionados, dice el juez, con los cortes de vías de comunicación ferroviaria, con el asedio en los hoteles en los que se alojaban policías nacionales y guardias civiles o con las amenazas a los empresarios «que prestaban soporte a los servicios del Estado». Es cierto que Forn no formaba parte de ese comité estratégico, pero la actuación pasiva de los Mossos d’Esquadra durante los preparativos del 1-O y en la propia jornada del referéndum ilegal le pone en el punto de mira como máximo responsable del cuerpo en calidad de consejero de Interior.

«En estos investigados el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad».

A su juicio, el peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación (...), sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real».

Llarena justifica su decisión en que con los citados exigen un mayor grado de rigor y cautela a la hora de conjugar el derecho a la libertad y el derecho a la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable no solo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo.

La consecuencia más inmediata de la decisión de Llarena es que tres de los cuatro imputados que siguen en prisión y que se presentan a las elecciones del 21-D -en concreto, Junqueras, Forn y Jordi Sánchez- siguieron anoche el inicio de la campaña electoral desde sus respectivas cárceles -los exmiembros del Gobierno llevan en Estremera desde el 3 de noviembre; los «Jordis», en Soto, desde el 16 de octubre-.

Dos horas después de notificarse el auto, los seis exconsejeros a los que se impusieron fianzas de 100.000 euros abandonaron las cárceles en las que llevaban desde el 3 de noviembre tras constituirse en fiador una vez más el tesorero de la Asamblea Nacional Catalana, Marcel Padrós.

El magistrado no aprecia en ninguno de ellos riesgo de fuga. Recuerda que han atendido a los llamamientos judiciales que se les han hecho, que cuentan con un «profundo arraigo» personal , laboral y social en Cataluña y que «libremente rechazaron la huida que emprendieron otros encausados». Aun así, les impone comparecencias semanales y les retira el pasaporte.