Castro amplía hasta el 14 de enero el plazo para las alegaciones a la fianza civil de Urgangarin y Torres
Una vez presentadas las alegaciones, el Juez decidirá si acuerda o no la medida cautelar y en qué cuantía
El Juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro , ha ampliado hasta el 14 de enero de 2013 el plazo de presentación de alegaciones a las peticiones de las acusaciones de la fianza civil a Iñaki Urdangarín y a Diego Torres, en la pieza de responsabilidad civil abierta en el caso Nóos.
La Fiscalía Anticorrupción registró la pasada semana en el juzgado de Instrucción número 3 de Palma un escrito en el que requería al duque de Palma y a su ex socio que presten la cantidad de 8.189.448 euros , en relación al «caso Noos». El representante del Ministerio Público solicitaba también al juez que ordenase «el embargo de los bienes de estos imputados hasta alcanzar» la citada cantidad.
Inicialmente, se había concedido a las partes un plazo de veinte días. En la providencia notificada este miércoles, accediendo a la petición de la representación procesal de Diego Torres, procede a ampliar el plazo hasta el 14 de enero de 2013 , pudiendo los interesados presentar sus escritos hasta las 15 horas del día hábil siguiente, momento a partir del cual ya no serán admitidos.
En la resolución, el Magistrado da cuenta de la presentación del escrito de la abogacía de la Comunidad Autónoma solicitando medidas cautelares de naturaleza civil (que se suma a los ya presentados por la Fiscalía Anticorrupción y por Manos Limpias) contra los dos imputados citados. Una vez presentadas las alegaciones, el Juez decidirá si acuerda o no la medida cautelar y en qué cuantía .
Si no se aceptase la cantidad citada, e l fiscal podría plantear una rebaja que podría situar la citada fianza en torno a los 5'9 millones de euros. El fiscal Pedro Horrach sostiene que el duque de Palma y Torres deben resarcir a las arcas públicas por «la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos». Horrach argumenta que el Instituto Nóos fue creado como asociación sin ánimo de lucro con el propósito de «dar cobertura» al acceso a fondos públicos eludiendo los controles que serían aplicables a entidades mercantiles.
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