El juez rechaza liberar a Forn y le responsabiliza de la pasividad de los Mossos

Forn solicitó su libertad, renunció a su acta de diputado y expresó su acatamiento a la Constitución, un intento de alejarse de la vía unilateral secesionista. El juez entiende que la renuncia al escaño no hace desaparecer la voluntad de lograr la independencia por la vía unilateral y destaca la «incerteza» de que el independentismo haya aceptado respetar la legalidad.

La primera vez que descartó liberar a Forn -que fue encarcelado por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -, el juez Llarena alegó que era necesario impedir el daño irreparable de una posible reiteración en los delitos imputados, de rebelión, o sedición, y malversación. El magistrado vinculó a Forn a los brotes de violencia que protagonizó el proceso independentista ilegal, como el acoso a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre o los enfrentamientos con agentes durante el referéndum del 1 de octubre.

En su argumentación, el juez explica la «contribución» de Forn a la «transgresión» del proceso independentista ilegal. Como titular entonces de la Consejería de Interior, el encarcelado facilitó la celebración del referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional mediante «el abandono de la obligación policial de garantizar el orden constitucional y legal» de los 17.000 agentes de los Mossos que dependían de él . Forn niega esta responsabilidad y su dominio del operativo policial.

Con la pasividad del cuerpo autonómico se logró que «la inactividad policial supusiera perder el último recurso del Estado para la aplicación forzosa del orden jurídico en una comunidad autónoma en la que las competencias de orden público están transferidas, así como facilitando de adverso que las movilizaciones sociales se propagaran y pudieran aumentar su vigor, hasta forzar al Estado a aceptar la independencia», explica el juez, siempre en base a indicios. Es decir, Forn fue responsable de la inaccción de los Mossos contra el proceso independentista ilegal, dejando vendido al Estado frente a la votación del 1 de octubre.

Llarena describe «una actuación policial contraria al cumplimiento» de las órdenes judiciales, que exigieron que se impidiese el referéndum. El juez se basa en el testimonio del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien el pasado jueves relató en el Supremo la inacción de los Mossos, que atribuyó a Forn y al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero , a quienes acusó de facilitar la votación. Según Pérez de los Cobos, «la actuación del cuerpo de Mossos estuvo siempre orientada a aparentar una voluntad de cumplimiento de las decisiones judiciales, pero poniendo en marcha un plan que impedía su observancia», desvela el magistrado. También se apoya en la declaración del exdirector de los Mossos Albert Batlle , quien explicó que dimitió de su cargo por la llegada de Forn y su apoyo público al referéndum independentista.

Antes de cerrar la investigación, Llarena tomará declaración a los seis últimos imputados en la causa. El 14 de febrero serán interrogadas las dirigentes de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya ; el día 19 febrero las coordinadoras de ERC y del PDECat, Marta Rovira y Marta Pascal ; y el día 20 el expresidente catalán Artur Mas y la dirigente de la Asociación de Municipios Independentistas, Neus Lloveras. Sus declaraciones serán las últimas previstas para esclarecer que sucedió en Cataluña y apuntalar la causa por rebelión.

En el auto, el juez también otorga credibilidad al documento Enfocats, que según la Guardia Civil recoge la hoja de ruta unilateral, a pesar de que haber sido negada por muchos líderes independentistas. Llarena apoya su diagnóstico en que la realidad fue confirmando los eventos recogidos en ese documento, como precisamente «la necesidad de que los Mossos no perjudicaran el desarrollo del plan soberanista». También da veracidad a la agenda manuscrita incautada al ex número dos de Oriol Junqueras , Josep María Jové , algunas de cuyas reuniones fueron corroboradas por la exconsejera de la Generalitat y testigo Neus Munté.

Horas después de conocer la noticia, Carles Puigdemont ha compartido un mensaje en Twitter valorando la decisión del juez Pablo Llarena.

«El argumento para mantener a Joaquim Forn en prisión es una violación escandalosa de los derechos civiles y políticos». «Hace de la prisión preventiva un mecanismo de secuestro y coacción de ideas legítimas y democráticas, que Quim ha defendido y practicado de manera pacífica, convivencial y respetuosa», ha añadido.