El juez de la Púnica entrega a las partes las grabaciones de las declaraciones, entre ellas la de Marjaliza

El juez de la Audiencia Nacional levantó el secreto del sumario sobre doce piezas, todas las que aún permanecían bajo velo, al tiempo que abrió dos nuevas, la trece y la catorce, de las que una estará bajo secreto al menos durante un mes.

Se trata de la pieza número catorce, a la que el magistrado decidió trasladar las investigaciones sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid. En esta parte del voluminoso sumario están imputados el exgerente de la formación regional Beltrán Gutiérrez y el empresario Javier López Madrid , vinculado a la constructora OHL y yerno de su presidente, Juan Miguel Villar Mir.

El pasado 11 de febrero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrar el despacho de Gutiérrez Moliner en la sede del PP, en la calle Génova, y su domicilio. Asimismo, los agentes también entraron en el domicilio de Javier López Madrid y en la sede del grupo OHL, para buscar pruebas de posibles pagos ilegales de la constructora al partido.

El gerente del PP de Madrid, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, tuvo que dimitir tras verse implicado en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid (gastó 58.000 euros con la suya). Precisamente, el constructor también fue usuario de una de estas tarjetas, con la que se benefició de 38.800 euros. Ambos han sido procesados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. La investigación sobre las cuentas del PP de Madrid partió de unas notas manuscritas de Francisco Granados, ex secretario general del partido y líder de la trama junto a su amigo David Marjaliza.

Esta pieza será la única que se mantenga bajo secreto, ya que el juez acordó abrir una nueva pieza separada, la número 13, pero que no mantiene secreta. Se trata de la que investiga las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de Francisco Granados, el cabecilla de la trama Púnica, y sus colaboradores con las empresas públicas Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio 2. Estas sociedades gestionaban adjudicaciones de suelo público en toda la Comunidad de Madrid .

La operación Púnica, que estalló en octubre de 2014, acumula más de un centenar de personas que se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación en internet en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.