Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario Villarejo
Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario Villarejo - EFE

El juez prohíbe salir de España al hijo de Villarejo

García Castellón impone medidas cautelares para el expolicía Antonio Bonilla y el exembajador de Guatemala Julio Ligorría

Madrid Actualizado: Guardar
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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la denominada «Operación Tándem» por la que el excomisario José Villarejo se encuentra en prisión, ha decretado este lunes la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio español a José Manuel Villarejo Gil, hijo del excomisario jubilado. También le ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado más cercano cada 15 días, medidas con las que busca garantizar que el investigado no entorpezca la causa.

En el caso de los otros investigados que han declarado hoy en la Audiencia Nacional, el magistrado ha dejado en libertad provisional a Antonio Bonilla, expolicía y compañero de Villarejo, con la obligación de depositar una fianza de 15.000 euros antes del 24 de julio para eludir su ingreso en prisión, además de comparecencias quincenales ante el juzgado y la prohibición de salir del país. El exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, debe comparecer mensualmente ante el juzgado y no puede abandonar territoria español sin previo aviso.

La pieza PIT del caso Tándem investiga los trabajos que Villarejo llevó a cabo en Guatemala para dos empresarios, Ángel Pérez Maura García y Francisco Javier Soucheiron Marcet, con el fin de frenar una causa de extradición. Los tres investigados que han declarado hoy están siendo investigados por delitos de coecho, tráfico de influencias, falsedad documental, encubrimiento, blanqueo de capitales y organización criminal.

Las autoridades guatemaltecas estaban investigando a los dos empresarios por un presunto delito de coecho internacional. Pérez Maura y Soucheiron habrían acordado el pago de 30 millones de dólares a autoridades y funcionarios para obtener la concesión administrativa para la construcción de la terminal de contenedores en el puerto Quetzal de Guatemala.

Según la investigación, José Manuel Villarejo Gil, que ya se encuentra encausado y sometido a medidas restrictivas por otras piezas relacionadas con su padre, habría sido apoderado junto con Rafael Redondo de las dos sociedades que reciben todos los pagos del proyecto, «figurando en multitud de correos intervenidos como asistente a las reuniones en las que se planifica y desarrolla el Proyecto PIT». Asimismo, facilitó teléfonos de seguridad para los investigados y participó en reuniones con los mismos.

Ligorría, por su parte, ha admitido haberse reunido con Villarejo «en un par de ocasiones» pero ha negado cualquier vinculación contractual con él, según él mismo ha declarado a los medios al finalizar su declaración. Según las investigaciones, el exembajador formaba parte del equipo liderado por el exagente policial: figura en numerosos correos electrónicos intervenidos y participa en reuniones tanto en España como en Estados Unidos en las que supuestamente se define su futuro papel como presidente de Guatemala.

Ligorría ha tildado esto último de «fábula». Las anotaciones manuscritas intervenidas por los investigadores en el domicilio del excomisario probarían su participación en el proyecto y el cobro de dinero por ello.

Por otra parte, fuentes jurídicas han informado que Bonilla, a quien se investiga por facilitar información accesible para la Policía Judicial a Villarejo y Redondo, ha admitido ante el juez haber viajado a Guatemala a petición de este último y haber ejercido de notario en una declaración. El expolicía ha explicado que tenía, desde 2013, un contrato de servicios con la mercantil Cenyt de Rafael Redondo y llevaba a cabo unicamente tareas de análisis de información.