La juez imputa un nuevo delito de sedición a Trapero por la pasividad de los Mossos el 1-O

Hasta ahora, Trapero estaba solo imputado por el acoso a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, cuando una masa de independentistas se concentró en diversas sedes de la Generalitat registradas por los agentes. Los Mossos d'Esquadra tardaron en disolver la protesta, que retrasó la salida de la comitiva judicial varias horas y destrozó tres vehículos oficiales. La letrada de la administración de justicia se vio obligada a abandonar el edificio por la azotea y salir camuflada entre el público de un teatro. Con este paso de la juez, se complica el futuro judicial de Trapero, que ahora deberá defenderse de dos delitos de sedición.

En un auto demoledor contra Trapero, la magistrada explica que la actuación de los Mossos «fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia» , por el que están investigados en el Tribunal Supremo por rebelión 28 líderes independentistas. Con el objetivo de allanar el camino a la vía ilegal hacia la secesión, «se diseñó un plan premeditado para evitar actuar, que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, cúpula comandada por Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico», relata la juez, en alusión a los promotores del proceso ilegal. El Tribunal Superior de Cataluña ordenó que se impidiese la votación, requisando todo el material preparado para ella.

La juez avanza que no descarta atribuir en el futuro un delito de organización criminal a Trapero , un salto cualitativo en las investigaciones contra los líderes independentistas. La imputación por dos delitos de sedición ya dibuja un grave horizonte penal para el antiguo jefe de los Mossos. Este delito castiga con hasta quince años de prisión a aquellos funcionarios públicos que impidan por la fuerza la labor de la justicia.

Lamela se apoya en los testimonios del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos , el coordinador del dispositivo policial del 1-O, y del fiscal jefe de Cataluña. Ambos pusieron de manifiesto que el plan de actuación que se elaboró para evitar la votación ilegal, suspendida por el Tribunal Constitucional, era inadecuado. Trapero se comprometió a modificarlo «con las recomendaciones que le dieron», pero nunca llegó a hacerlo, manteniendo el plan original, con la intención de facilitar el referéndum.

Tras practicar estas pruebas, la juez concluye que la finalidad inmediata de Trapero fue «facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales, desatendiendo el mandato recibido desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y en contra de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional». La actuación de los Mossos fue «de total inactividad», afirma.

Trapero ya declaró en la Audiencia Nacional el pasado 15 de octubre y quedó libre con la prohibición de salir de España. La magistrada acordó esta medida cautelar, igual que la retirada del pasaporte, para asegurar la disponibilidad del mayor ante la justicia, pero rechazó encarcelarle, como solicitó la Fiscalía. Este viernes volverá a comparecer, asistido por abogado, ante una nueva imputación, esta vez por el 1-O.