El jefe de la «hacienda catalana» no se independiza de la española

La hacienda propia catalana es una de las «estructuras de estado» fundamentales en la hoja de ruta secesionista del presidente en funciones Artur Mas . Pero su asesor fiscal no suelta lastre del cuerpo nacional y, a juzgar por las condiciones en las que se incorporó a la administración catalana, se ha asegurado de tener las espaldas bien cubiertas.

Los funcionarios de carrera, según la ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuentan con cinco situaciones administrativas: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas y excedencia y suspensión de funciones. Joan Iglesias se acogió a la segunda modalidad, es decir, a los «servicios especiales».

Quienes se encuentran en esta situación, según el artículo 87 de la citada ley, «percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento». Asimismo, el tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimientos de trienios, promoción interna, derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación».

Iglesias, que además colabora con el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), es uno de los altos cargos eventuales que más cobra de la Generalitat, un total de 107.488 euros al año -el consejero de Economía catalán cobra menos-. Cuando se trunque el proyecto independentista en el que está inmerso, Iglesias tendrá derecho «al menos a reingresar al servicio activo en la misma localidad , en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados».

Según los informes del CATN, una hipotética hacienda propia catalana tendría una recaudación potencial de 70.000 millones (incluidas las cotizaciones sociales), lo que exigiría unos costes de funcionamiento de 750 millones de euros y una plantilla de entre 7.000 y 8.000 empleados.

Quienes asesoran al líder de Convergència en materia de independencia fiscal parecen tener muy claro que, una vez constituida la hacienda propia, el ciudadano catalán deberá pagar ahí sus impuestos «o irse de Cataluña». Así se expresó recientemente el miembro del Consejo Asesor de la Transición Nacional, Josep Maria Reniu , quien en declaraciones a RAC1 explicó que «nos estamos situando al final del proceso, en el momento que esta hacienda propia ya tiene suficiente solidez, el resto de estructuras de Estado ya están operativas y existe la decisión de proclamar la independencia del país y por tanto establecer un nuevo marco jurídico».

«Será en este, donde el ciudadano que resida aquí podrá decidir si se mantiene en el territorio y por lo tanto está sujeto a un nuevo ordenamiento jurídico que se validará en una Constitución de la república catalana posteriormente, o decide no hacerlo, y por tanto, irse», dijo.