Interior afea a las víctimas del terrorismo sus proyectos «desfasados» y sus «enfrentamientos»

Esas subvenciones, con cargo a los Presupuestos de Interior, se adjudican a nueve grandes centros gestores, entre los que está la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), y es en el detalle de los criterios del plan donde aparecen estos comentarios del movimiento asociativo de las víctimas.

La crítica no se extiende a ningún otro beneficiario en el resto del plan, que consta de 69 páginas, y entre los que hay desde pueblos con centrales nucleares cerca hasta inmigrantes que van a ser repatriados, sindicatos policiales, víctimas de accidentes de tráfico, Cruz Roja, policías extranjeros o la Conferencia Episcopal por su trabajo en las cárceles. «Existe una elevada atomización en el sector, con entidades pequeñas en muchos casos gestionadas por los miembros de las Juntas Directivas, lo que repercute negativamente tanto en la formulación de las solicitudes de subvención y la ejecución de los programas, como en su posterior justificación», continúa la reprobación.

Y añade: «También se advierte un cierto grado de enfrentamiento entre estas entidades en algunos temas y la ausencia de proyectos conjuntos con una mayor repercusión social». El dinero público presupuestado para estas asociaciones y fundaciones se consigna en dos partidas. La primera, de 960.000 euros durante este año y un millón los dos siguientes , a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (DGAVT), bajo el epígrafe genérico de «Mejorar la asistencia a las víctimas de terrorismo». Y por otro lado, hay una segunda línea de ayudas a la FVT para proyectos de apoyo: 290.000 euros por año , de los que el 60 por ciento son una transferencia directa de Interior y el 40 restante de mecenazgo privado.

El grueso de esta última partida, tal y como explican desde la Fundación a ABC, se destina año tras año a víctimas cronificadas que ya han quedado fuera de otras ayudas directas: atención psicológica, médica, jurídica y, en menor medida, a proyectos de homenaje y memoria. Es llamativa esa crítica soterrada al movimiento asociativo en torno al terrorismo porque, como se ha dicho, no existen reproches al repasar el resto de ayudas otorgadas o presupuestadas a ningún colectivo o entidad. Y además, en el balance del cumplimiento de objetivos de los dos últimos años se especifica que se consideran «alcanzados los efectos pretendidos con el Plan» . Esas pretensiones incluían –y siguen apareciendo para los tres próximos años– mejorar la coordinación entre las asociaciones e Interior e incrementar la «visibilidad y repercusión en la sociedad y en el colectivo de las actuaciones del Ministerio del Interior en el apoyo a las víctimas.

En este contexto de «visibilidad» –con una parte de las víctimas enfrentadas al ministro Grande-Marlaska por la política de presos etarras– se insta a «procurar la presencia de representantes de Interior en los actos que organizan» las asociaciones. Y se añade que se ha controlado que la financiación del departamento conste «expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios materiales que utilizan para la difusión de las actividades subvencionadas».

En ese balance se deja constancia de que las asociaciones y fundaciones pudieron seguir trabajando entre 2018 y 2020 gracias a estas ayudas. «Para algunas de estas entidades, las subvenciones del Ministerio del Interior son su principal fuente de financiación ». El trienio presupuestado recoge propuestas para no caer en los errores que se reprochan desde Interior: intensificar el asesoramiento del Ministerio a las asociaciones y fundaciones; facilitar encuentros y foros de discusión común para proyectos con un mismo objetivo y reforzar el control de los programas subvencionados. La inestabilidad política de los dos últimos años se deja notar, aunque de forma sutil, en la orden ministerial. Y así, en el balance del plan de subvenciones, aún vigente (2018-20), se destaca que en las ayudas controladas por la DGAVT se pretendía alcanzar una partida de un millón de euros el año pasado, pero las «sucesivas prórrogas» de los Presupuestos Generales del Estado limitaron esa cifra a 930.000 euros en cada uno de los tres ejercicios económicos.

Las partidas se dieron con base a una nueva orden ministerial de 2018 que, según Interior, incluye «mejoras técnicas en los procesos de regulación y concesión». El dinero que reparte el ministerio se basa en cinco objetivos estratégicos que concentran ocho líneas de subvención diferentes. El primer eje estratégico es el de la víctimas del terrorismo , seguido por la respuesta ante emergencias nucleares , la asistencia y prevención a víctimas de accidentes de tráfico ; la participación y actividad de agentes sociales (aquí se engloban por ejemplo los sindicatos policiales) y en último lugar la reeducación y reinserción social de presos. Del reparto se encargan nueve centros gestores, los dos citados de víctimas del terrorismo más Protección Civil y Emergencias, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, la Dirección General de la Policía, la de Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias y la Jefatura Central de Tráfico.

Las ayudas de mayor cuantía son las del segundo apartado, gestionadas por Protección Civil: cuatro millones para el trienio, encaminadas a proteger a las poblaciones cercanas a las siete centrales nucleares que existen. Se trata de una subvención complementaria al presupuesto destinado a los planes de emergencia nuclear. Los otros tres objetivos estratégicos recibirán subvenciones de todo tipo que oscilan desde los 70.000 euros a inmigrantes que van a ser repatriados hasta el medio millón al año a asociaciones que trabajan en la prevención de accidentes de tráfico o con las propios damnificados, pasando por partidas para presos que estudian carrera o que no pueden pagarse las llamadas telefónicas o el entierro de un familiar.