Iglesias exige a Sánchez saltarse pasos legales para excarcelar a Junqueras

Con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, Iglesias encabeza una ofensiva en varios frentes que tienen como denominador común la Justicia. Y también las prisas, lo que no deja de resultar paradójico.

Ajeno a los trámites legales por los que deben pasar determinadas reformas que favorecen a los presos del «procés», Iglesias presiona al presidente del Gobierno para que agilice la tramitación, por un lado, de la reforma del delito de sedición, y, por otro, la de los indultos . La primera partida se juega en terreno del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la segunda, en el Tribunal Supremo, donde Fiscalía y los jueces del «procés» deben emitir un informe sobre la concesión de esta medida de gracia a los doce condenados que lo han solicitado.

El nerviosismo y las prisas de Iglesias por «despenalizar» la sedición y su desprecio al criterio –no vinculante, eso sí– de un tribunal y una Fiscalía que con toda probabilidad informarán en contra del indulto choca con los tiempos y formas en las que ambas iniciativas han de salir adelante. En el caso de la sedición, también con el contexto, pues no hace veinticuatro horas que el Parlamento Europeo ha planteado la inclusión de este delito en la lista de los 32 en los que, por su gravedad, la entrega opera de forma automática por parte del país en el que se encuentra el reclamado.

Si hace apenas unos días el ministro de Justicia señalaba que la reforma del delito de sedición estaría lista antes de final de año, todo apunta a que ahora no hay la misma prisa y que Campo, fiel a ese espíritu de diálogo y consenso que le han hecho merecedor de esa cartera, no se va a dejar presionar por iniciativas como la propuesta de reforma de Podemos para que no haya sedición sin violencia y sin armas. Esto implicaría que los presos del «procés» no habrían cometido ese delito y, al ser más favorable la nueva regulación, podrían salir a la calle como si nada hubiera pasado.

Todavía se desconocen los términos de la reforma de ese delito que Campo encomendó en su momento a un grupo de expertos, pero lo que parece claro es que, aun tramitándose por la vía de urgencia, no daría tiempo a tenerla lista antes del 14-F, con lo que el deseo de Podemos de que los candidatos hagan campaña electoral en Cataluña, parece difícil de cumplir.

Eso en el supuesto de que se optara por la vía rápida y prescindiendo, como pretende Iglesias, de informes como el del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal o del Consejo General del Poder Judicial, que, al tratarse de una reforma del Código Penal, se supone que algo tendrían que decir. Si se opta por la segunda vía, que es la que escogió Campo para la reforma del proceso penal que da la instrucción al fiscal, el trámite ya se demoraría meses.

No obstante, fuentes jurídicas alertan de que la reforma de la sedición es más importante a largo plazo que a corto. Con la vista puesta en Estrasburgo, y con independencia de cualquier indulto que se pueda conceder, los presos del «procés» pretenden hacer valer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que la pena que España les impuso fue desproporcionada.

La reforma del delito de sedición haría más fácil a la Abogacía del Estado (en representación de los intereses de España) defender la tesis de los condenados al hacer ver que el castigo en el momento del juicio fue excesivo y que su regulación fue atenuada después. Respecto al indulto, los trámites necesarios hasta llegar al Consejo de Ministros tampoco pueden obviarse por mucho que los informes preceptivos no sean vinculantes.

Según ha podido saber ABC, la Sala Segunda del Supremo ya ha notificado a la Fiscalía para que informe sobre la concesión del indulto, aunque los cuatro fiscales que se repartirán los doce expedientes (son los fiscales del «procés»), todavía no han tenido acceso a ellos al encontrarse en otro edificio.

Desde el Ministerio Público se descarta cualquier indicación por parte de Dolores Delgado para que sus subordinados emitan un informe favorable que allane el camino al Ejecutivo . Además de no ser necesario, fuentes fiscales aseguran que la fiscal general no abrirá ese frente contra cuatro fiscales de sala, la mayor categoría de la carrera, porque supondría una guerra en la institución con un coste que no estaría dispuesta a asumir. Una vez que los fiscales informen, ya será el tribunal del «procés» como tribunal sentenciador, el que tendrá que hacer lo propio. Solo superados estos dos trámites, los expedientes del indulto podrían llevarse al Consejo de Ministros, qu e puede concederles la medida de gracia aun con todos los informes en contra. El indulto supondría la anulación de la pena, pero no de los antecedentes penales. De ahí que, a falta de una amnistía, tengan todas sus esperanzas puestas en que Estrasburgo diga que la pena fue desproporcionada.

Pero antes de que esto suceda, la sentencia del «procés» tiene que ser examinada por el Tribunal Constitucional, cuya renovación está pendiente, junto con la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de que el PSOE retire la proposición de ley que pretendía rebajar la mayoría cualificada en la elección de los doce vocales jueces del Consejo. Es una de las condiciones que el PP ha puesto al PSOE para elegir un nuevo órgano de gobierno de los jueces. También que Podemos se quede fuera de la negociación y que no tenga ningún representante en el órgano, encargado de llevar a cabo los nombramientos de la cúpula judicial. En el intento de renovación del pasado agosto, Podemos había reclamado dos vocales en el cupo de los diez que correspondían al PSOE. Los otros diez eran para el PP.

Consciente de que si las aguas se relajan y PSOE y PP logran el pacto deseado (por aceptar el primero las condiciones del segundo) él puede quedarse fuera, Iglesias aprieta también en este tercer frente para sacar adelante al menos una parte de la polémica reforma que rebajaba las mayorías y que Sánchez aparcó tras el rapapolvo de distintos organismos europeos.

Como medida de presión PSOE y Unidas Podemos presentaron ayer una nueva proposición de ley en la que pretenden limitar las atribuciones de un CGPJ en funciones. El actual lleva en esta situación dos años. En concreto se quiere impedir que siga haciendo nombramientos.

Desde la oposición y el mundo judicial esta iniciativa se considera una nueva intromisión en el tercer poder del Estado porque se le está utilizando para forzar la negociación.