ERC hostiga al Gobierno con más de 200 preguntas sobre la «represión» en Cataluña

Ayer, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, intentó transmitir la idea de que ese espacio es «una comisión bilateral que está en el Estatuto de Catalunya como está en otros estatutos de las Comunidades Autónomas de nuestro país». Algo que fuentes de ERC consultadas por EP rechazaron rotundamente: «en en ningún caso se enmarca en la Comisión Bilateral». Un extremo que tuvieron que aceptar desde el Gobierno. Y es que ERC está en lo cierto en este punto. En el documento pactado entre ambas fuerzas políticas queda claro que se trata de un órgano nuevo, aunque se hace referencia a que se coordinará con los ya existentes. Como la comisión bilateral.

No fue el único punto de fricción, ya que Carmen Calvo, en una entrevista en TVE manifestó que el PSOE trasladó a ERC que el acuerdo de investidura implica que este partido permita gobernar al PSOE, apoyando los Presupuestos . Ese era el deseo del PSOE, pero no quedó suscrito de ningún modo.

Un extremo que en la rueda de prensa de la semana pasada en Ferraz por parte de José Luis Ábalos ya quedó claro que no se incluía un compromiso más global que incluyese los Presupuestos por voluntad de ERC. Aunque el número tres del PSOE también trasladó la idea de que sin estabilidad para el Gobierno de España no se podrá mantener el diálogo. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, contradijo a Calvo y defendió que eso no forma parte del acuerdo y que se tendrá que producir una negociación paralela a la de la mesa sobre el conflicto catalán. Y advirtió que ERC será «exigente» con las cuentas.

La relación entre ambas partes será una carrera de obstáculos mientras dure la legislatura. Los independentistas necesitan mantener su retórica de cara a su electorado, para evitar que los elementos más duros se aparten definitivamente de su estrategia, más pragmática que las inflamadas de Junts per Catalunya o la CUP. Ayer mismo los grupos parlamentarios ERC en el Congreso de los Diputados y el Senado (donde comparten grupo con Bildu) registraron más de 200 preguntas al Gobierno «relacionadas con la represión y la persecución que se ha ejercido en Cataluña los últimos meses por parte del Estado español a nivel judicial, policial y político».

El único respiro para el Ejecutivo es que se solicita respuesta escrita, lo que reduce el riesgo de confrontación pública entre las partes. Se pregunta por el cierre de páginas web que estarían vinculadas a «Tsunami Democratic» y también sobre si el Gobierno está al tanto de «las torturas que se han ejercido en el edificio de la Jefatura Superior de Policía». Llama la atención una de las primeras preguntas se queja de que en un programa de TVE se refirieron a PP, Cs y Vox como partidos de «centroderecha». Se pregunta al Gobierno si creen que RTVE tiene que «aclarar esta consideración» y si considera hay que depurar responsabilidades al respecto. Pregunta también por qué medidas toma para «frenar a la ultraderecha».

Se pregunta además al Gobierno si las fuerzas de seguridad del Estado pueden «actuar de forma ideológica». Y pregunta seguidamente si el Gobierno planea alguna medida para evitarlo. También cuestiona si la Policía Nacional llegó a ejercer « violencia física y psicológica a los detenidos en las protestas» de aquellos días. «¿Considera el Gobierno que la Policía Nacional y la Guardia Civil deben apoyar siempre a los anti-independentistas?» es otra de las preguntas. También se pregunta por las comunicaciones que pudieron tener los gobiernos español y francés acerca de las movilizaciones sucedidas en la AP-7.