La «cuestión de Estado» agoniza

La investidura se ha cerrado con tres incógnitas relevantes. Primero, no se ha determinado el alcance real del proceso revisionista del modelo territorial anunciado por Sánchez como condición para lograr la abstención de ERC y el voto afirmativo del PNV. Segundo, no se conoce con detalle, ni con coherencia, la concreción de un programa económico condicionado por primera vez por un partido de extrema izquierda incrustado en la coalición de gobierno. Ni tampoco, la influencia real que el populismo financiero pueda llegar a tener en el crecimiento, la contención del déficit, el aumento del gasto público, el control de la deuda, las inversiones o el empleo.

Y tercero, no está claro hasta qué punto han quedado dinamitadas las opciones para pactar las manidas «cuestiones de Estado» que siempre negociaron PSOE y PP, más allá de la exhibición de sus diferencias ideológicas o de la escenificación de su recíproco desprecio . Desde esta perspectiva, difícilmente podrá encauzarse la renovación de órganos constitucionales, como el Poder Judicial, vapuleado durante toda la investidura por la izquierda y el separatismo; o como el Tribunal Constitucional en su condición de dique de contención para garantizar que la Carta Magna no se vulnera, o que no se reforma por la vía de los hechos consumados con estatutos autonómicos abusivos y permisivos con teorías soberanistas o pseudo-nacionales.

A menudo, la justicia ofrece argumentos más que justificados para que el ciudadano no confíe en ella. Su politización es un estigma que va a perdurar eternamente. Pero, hasta ahora, cumplir con la representatividad política en los órganos constitucionales siempre fue una tarea que terminaron abordando PSOE y PP –a veces tarde, mal y con un descrédito enorme para ambos partidos- con un reparto ecuánime en función de las mayorías de cada momento. Se imponía la razonabilidad de un sistema que no es perfecto, que sugiere tantas dosis de falta de independencia total como de «pasteleo», pero que es el vigente. A regañadientes, con maniobras dilatorias, con chantajes mutuos, con amenazas de bloqueo y vetos… al final el «reparto de cromos» entre ambos siempre se produjo con cierta normalidad.

Sin embargo, cuando a finales de 2018 se frustró el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para que el magistrado Manuel Marchena sustituyese a Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo, muchas lealtades mutuas entre esos partidos quedaron fracturadas. Hoy algunas de las heridas siguen sin cicatrizar . Sánchez y Casado nunca han sido fiables el uno para el otro, y restaurar ahora en el Congreso los añicos del destrozo será más que un milagro en el caos de la convulsión parlamentaria.

Necesariamente, Sánchez tendrá que ofrecer acuerdos a Casado por un elemental criterio de geometría parlamentaria. El PP obtuvo 66 escaños en abril, pero 89 en noviembre. La diferencia es sustancial, en la medida en que cualquier acuerdo de renovación que no pase por el tamiz del consenso esencial de Sánchez y Casado será una utopía. El líder del PP ya tiene asumido que, por ejemplo, la alteración de la actual mayoría conservadora en el TC será imposible si el PSOE impone candidatos afines a Podemos, o hace concesiones con aspirantes de trayectoria permisiva con el separatismo. El Gobierno tendrá la coartada de culpar del «bloqueo»–no ha hecho otra cosa durante los últimos meses- a la derecha. Pero las mayorías parlamentarias son tan exiguas, y la distancia política entre Sánchez y Casado se ha revelado tan fría, que el pronóstico es preocupante para el PSOE: no va a ejercer un «control» orgánico sobre los tres poderes del Estado. Todavía no.